Mango reclamó respuestas de la Justicia en el Caso Solano

El legislador volvió a cuetionar el accionar de la justicia rionegrina en la investigación por la desaparición forzada de este trabajador rural.

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El legislador del FPV Marcelo Mango volvió a reclamar hoy que la Justicia rionegrina investigue y esclarezca que sucedió con el trabajado rural Daniel Solano, desparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel y por el que están sospechados siete efectivos de la Policía de Río Negro.

"A 6 años de su desaparición forzada realizada el 5 de noviembre de 2011, el Poder Judicial debe dar la respuesta, porque es su responsabilidad buscar un desaparecido y brindar todos los medios para encontrarlo", consideró el parlamentario rionegrino.

"Acaso no es perverso poner en la familia la obligación de financiar la prueba del delito más grave del que está acusado el Estado provincial desde la recuperación democrática", se preguntó Mango haciendo referencia, a que la pericia en el jagüel donde se sospecha se arrojó el cuerpo del joven debe ser costeada por la familia Solano.
 
Respasó la larga lista de funcionarios judiciales que pasaron por la causa, varios de ellos apartados por mal desempeño, y cuestionó que "el Poder judicial de la provincia no garantiza el pago de los cerca de tres millones de pesos que cuesta obtener la prueba". 

Recordó que "la Legislatura votó por unanimidad, la comunicación 140/17, solicitando al Estado provincial que garantice los recursos necesarios para llevarla a cabo, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, y para que el padre, Gualberto Solano, que permanece acampando frente al Juzgado Penal de Choele Choel, pueda saber la verdad y llevarse el cuerpo de su hijo para aliviar un poco tanto dolor que se le ha causado".  

Mango consideró que este caso "se trata además de desaparición forzada de persona como producto de la connivencia entre una empresa multinacional, empresas tercerizadas, sectores de la policía, de trabajo y parte del poder judicial, cómplices de un delito de lesa humanidad". 

"A seis años de la desaparición de Daniel esperamos que se investigue y garantice la obtención de la prueba, se sepa si en el jagüel fue arrojado el cuerpo de un trabajador y se termine con la incertidumbre que la familia padece hace tanto tiempo. El delito de desaparición forzada es permanente, continuo. Si el Poder Judicial, el Estado, no garantiza la investigación sería parte del delito y no de la justicia", cerró el parlamentario.

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