Periodista denunció a la titular del Consejo de la Mujer

Entre las irregularidades apuntan que Azanza armó su equipo de trolls para desacreditar a quienes cuestionan las políticas del organismo.

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La titular del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Azanza, fue denunciada ante la Justicia por la periodista viedmense Carolina Fernández, quien la acusó de cometer diferentes irregularidades al frente del organismo.

Entre los posibles delitos que se le endilgan a la cuestionada funcionaria provincial está la utilización de bienes y personal del estado para actividad partidaria e injuriar opositores, esto se habría concretado a través de la creación de grupos whatsapp y perfiles truchos de Facebook, mediante los cuales se hacían comentarios y publicaciones denostando a personas que cuestionaron el rol del organismo, entre ellas las integrante del grupo Mujeres Organizadas, la titular de Derechos Humanos del municipio de Viedma, Gladis Cofré, y la legisladora del FPV Carina Pita.

También se vincula en la denuncia al legislador provincial y referente de JSRN, Facundo López quien, según la denuncia, habrían recurrido, junto a Azanza, a la "utilización de presunta influencia y manejo de jueces y fiscales".

Entre las cuestiones denunciadas se mencionó el pago irregular de horas extras a empleadas cercanas a la funcionaria, la entrega de subsidios a familiares políticos, peculado de bienes del estado. En ese último punto se detalló que un lavarropas adquirido con fondos públicos habría sido llevado al domicilio particular de Azanza.

En la denuncia, presentada por abogado Favio Igoldi -recientemente destituido como juez- en representación de Fernández, se aseguró además la existencia de empleados que no concurrirían a trabajar al organismo y que según la denuncia actuarían como "punteros políticos". 

Además, en la presentación recibida ayer en el edificio del Ministerio Público Fiscal de Viedma se denunció la compra irregular de diferentes elementos, entre los que se mencionó un sillón por un0 valor de 30 mil pesos que habría sido abonado a través de facturas por otros conceptos.

Entre las medidas de prueba se reclamó el allanamiento de las oficinas del Consejo de la Mujer y del domicilio de la funcionaria. Además se solicitó que se convoque a declarar como testigos a empleados del área, pidiendo la reserva de su indentidad por temor ante posibles represalias.

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