Crespo marcó límites para resoluciones alternativas de conflictos

Casos de violencia de género, abuso y delitos cometidos por funcionarios públicos quedan excluídos.

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El procurador general Jorge Crespo firmó un instrucción general que fijó que tipos de delitos no podrán ser abordados en instancias alternativas de resolución de conflictos, entre ellos los casos de violencia de género, los abusos sexuales y aquellos cuyos autores sean funcionarios públicos y el delito haya sido cometido en el ejercicio su función.

Crespo delimitó como ejes centrales de su función la prohibición de que estas salidas alternativas del conflicto puedan darse en casos que impliquen cualquier tipo de violencia contra la mujer e instó a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal a que, de darse condiciones especiales que impliquen una excepción, deban fundarla exhaustivamente.

Para lograr aplicar este instituto en los casos de violencia de género, deberá ser la víctima la que aluda a ésta como la salida más conveniente y dicha determinación deberá ser debidamente fundada por los funcionarios que “habrán de valorar y formular especiales consideraciones respecto a que la solución adoptada resulta la más adecuada y reparadora”, expresa la Resolución N° 2 del año en curso.

El documento emitido por Crespo remarca que "se deberá tener en cuenta además de la opinión de la víctima, que esto aporte a un mayor bienestar tanto de ella como de su grupo familiar, así como la ponderación que efectúa sobre la libertad y el empoderamiento de la misma al momento de emitir dicha opinión".

Deberán considerarse dentro de las pautas de valoración, finalmente, “la planificación que el imputado hubiera pergeñado del hecho, la probabilidad de que el mismos vuelva a repetirse o que signifique una amenaza para la seguridad de la víctima y su grupo familiar y la historia pasada y actual que une a víctima y victimario”.

“Dicho informe deberá ser exhaustivo, demostrando que realmente se está adoptando la mejor de la soluciones en función de las necesidades de la víctima y tendrá que constar en la causa acompañado por un formulario de valoración de riesgo que efectúe la Oficina de Atención a la Víctima, cuyas profesionales mantendrán permanente contacto con ellas”.

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