Vecinos del Bº Puente Viejo reclamaron acceso al agua potable

Son unas 22 familias que sólo cuentan con una canilla comunitaria a 100 metros.

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Unas 22 familias que residen en el autodenominado Barrio Popular Puente Viejo que se construyó durante los últimos años en tierras ocupadas sobre viejos terrenos ferroviarios se movilizaron hoy hasta la sede del Departamento Provincial de Aguas para reclamar que se brinde acceso al agua potable de red.

El reclamo viene desde el año 2003 y los vecinos explicaron que sistemáticamente la empresa estatal ARSA se negó a brindarles el servicio ya que no poseen las escrituras de las viviendas en las que viven, en algunos casos desde hace más de 20 años y en otros desde hace pocos meses.

Los referentes de las familias hoy se pudieron reunir con el titular del DPA Fernando Curetti, qquien se comprometió a iniciar gestiones ante los directivos de ARSA y les anticipó que el próximo lunes se podrían comenzar a diagramar los planos para dotar del servicio al sector.

Actualmente las 22 familias del barrio y la entidad cultural La Salamandra sacan el agua potable de una canilla comunitaria ubicada a cien metros del lugar, por lo que a diario se ve a los vecinos peregrinando hasta el lugar con bidones y baldes. Algunos incluso recurren a sacar agua directamente del cauce del río Negro para los quehaceres domésticos o para utilizar en los sanitarios.

Los vecinos consideraron como "positivo" el encuentro con Curetti y tienen la esperanza que esta vez haya una respuesta concreta de las autoridades.

A diferencia de oportunidades anteriores en esta ocasión las familias cuentan con sus respectivos certificados que fueron expedidos en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares RENABAP, que fue dispuesto por el gobierno nacional para que puedan acceder a los servicios y acreditar sus domicilios ante cualquier autoridad.

Además los residentes del sector se encuentran a la espera del avance de la Ley de Barrios Populares que ya obtuvo media sanción en el Congreso y que impulsa la expropiación de estas tierras para otorgárselas a sus ocupantes, un tema que preocupa a todas las familias, pero en especial a tres de ellas que ya tienen una orden judicial de desalojo con fecha límite para los últimos días de noviembre.

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