Sin embargo, la resolución del Juez Federal Sebastián Otranto fue apelada en un "nuevo intento por criminalizar la protesta y sentar precedentes de adoctrinamiento de los reclamos sociales", indicaron.

"Nos quieren tener judicializados mucho tiempo", señala el Delegado Sindical de ATE, Javier Milani y repasa que "si bien el juez no ve delito, todavía hay al menos cinco instancias en la que pueden seguir apelando los fallos a nuestro favor".

En su declaración, Milani recuerda que "el hecho que se le imputa está enmarcado dentro de un Paro Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y que, haciendo uso del derecho que tenían como trabajadores, es que fueron a hacer una panfleteada informativa, en la que reclamaban aumento salarial, paritarias, 82% móvil para los jubilados, condiciones de seguridad e higiene, democratización de las instituciones y convenios colectivos de trabajo".

Cabe destacar que "los manifestantes estaban al costado de la ruta y que la misma nunca se cortó. Más bien, en algunos momentos se detuvo a algún automovilista para entregarle un panfleto, pero luego seguían su camino, e incluso la reacción de estos era por demás positiva.  Asimismo, no hubo ninguna situación de violencia. Todo esto fue considerado por el Juez que sobreseyó la causa". Incluso, indica que "los inconvenientes propios que provocan las manifestaciones de protesta en el flujo de circulación del transporte terrestre, en la medida en que no quede absolutamente paralizado, están cubiertos por el riesgo permitido en una sociedad democrática".

“Siempre tengo muchas palabras, pero en este caso me cuesta. Me cuestiono una vez más qué es la Justicia. Supuestamente es ilegal ir al costado de la ruta, pero mi reclamo es legitimo”, dice Milani y señala el hecho como el precedente de todas las administraciones: "La base es el sometimiento a través de una información falsa y las fuerzas de seguridad".

Así, una vez más los trabajadores "quedan expuestos a los vaivenes de la causa que se les armó, clara cuenta de la persecución judicial a los luchadores por parte de los gobiernos".