Señalamos oportunamente, tanto en la vía judicial como en el marco de la Asamblea Pública, la inconstitucionalidad de las medidas que desconocían los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad, racionalidad y legalidad al determinar aumentos desproporcionados, desiguales  e irracionales al momento de que no preveían los efectos sociales y económicos que se causaban a los usuarios.

Aun más, reclamábamos un tratamiento regional de las tarifas por las desigualdades territoriales que nuestro país plantea.

A la luz de la última resolución nacional, muchos de estos aspectos, se han tenido en cuenta a la hora de establecer los nuevos valores y las excepciones reclamadas.

En en este sentido cabe destacar en primera instancia, el sostenimiento del régimen de Tarifa Social, dirigida especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, con una bonificación del 100 por ciento del precio del gas consumido, abonando únicamente  el usuario los segmentos de transporte y distribución.

Otra de las cuestiones que se ha tenido en cuenta es la gradualidad que reclamamos,  ya que la nueva norma legal propicia un plan o sendero de reducción gradual de subsidios. La readecuación tarifaria prevé que recién en abril de 2018 se alcanzaría el nivel de reducción de subsidios con ajustes por porcentajes fijos en abril y octubre de cada año y alcanzar la eliminación total  en  2019 para el país. También, como respuesta a la necesidad de un tratamiento regional diferenciado, la resolución nacional plantea la excepción de la Patagonia, Malargüe y la Puna, que parten de precios inferiores , con una reducción más gradual que  terminará recién en el 2022.

Es decir que según la resolución, la progresión prevista para la Patagonia que en la actualidad abona solo el 2%, en abril de 2018, pagará el 28% y en octubre de 2019 el 57%. La reducción progresiva de los subsidios en ningún caso alcanzará a los  beneficiarios de la Tarifa Social.

La resolución nacional también  hace referencia explícita a la participación y el rol cumplido por la Defensoría del Pueblo quien planteó entre otros aspectos, la necesidad de ajustar los criterios de inclusión y de establecer una tarifa específica para entidades de bien público y clubes entre otros, como así la situación de las pequeñas y medianas empresas.

En este aspecto ambos segmentos de usuarios han sido considerados en la nueva  resolución, al igual que los usuarios de gas propano indiluído por redes y se modificaron los precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que limita el impacto de la readecuación de precios en el sector del  GNC.

Creo que el reclamo social del que esta Defensoría se ha hecho eco y partícipe activo, ha  logrado una respuesta más atinada del gobierno nacional en cuanto a la protección de los intereses económicos de los usuarios del gas, sin desconocer la legitimidad de la necesaria readecuación de los valores de este servicio esencial.

Creo que el arduo trabajo que nos propusimos de defender los derechos de todos y cada uno de los rionegrinos tanto a través del reclamo judicial como en la reunión con el ministro Aranguren y en la Audiencia Público donde representamos no solo a Río Negro sino a Neuquén y Chubut, ha aportado  a la cuota de entendimiento que debe darse  para alcanzar cambios que beneficie a la sociedad en su conjunto para alcanzar una mejor calidad de vida.