Esta iniciativa pretende actualizar un marco legal que actualmente prohíbe las indexaciones y obliga a firmar contratos sin aumentos, es decir, una ley que no se cumple. La norma en vigencia es de los años 90, no tiene asidero con la realidad y no resuelve los problemas concretos en torno a los alquileres.
 
En el contexto recesivo en que vivimos, este proyecto surge como una respuesta a la inflación, ya que los precios de las locaciones están directamente afectados por actualizaciones escalonadas, que además de ilegales, se traducen en un excesivo incremento de los alquileres a valores que en muchos casos superan el 100%.      
 
Esta norma debería haber sido impulsada por el Gobierno Nacional, ya que es una forma de frenar la inflación. Nosotros propusimos una ley que pone sobre la mesa la realidad económica, combate la inflación y, por sobre todas las cosas, genera un entorno de legalidad y seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.  
 
La iniciativa, que cuenta con el apoyo legislativo de distintas regiones, fue trabajada con las agrupaciones de inquilinos de todo el país, que desde hace tres años vienen conformando un Frente Nacional de Inquilinos con representación en las provincias de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal.
 
A pesar de las bondades de la reforma, que entre otras cosas, transparenta el mercado y protege a los actores en este tipo de contratos, sin duda existe una clara intención de generar incertidumbre colectiva bajo generalizaciones sin sustento, muy poco serias y que tachan a esta iniciativa como una medida populista.
 
La media sanción fue aplaudida y celebrada por todas las fuerzas políticas; pero evidentemente hay un sector preocupado por mantener la ilegalidad, continuar proyectando la inercia inflacionaria y seguir  perjudicando a los propietarios y a los 6.5 millones de inquilinos que contratan día a día.
  
El proyecto plantea una actualización acorde a parámetros reales, que se basan en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales. El sector propietario, no recibirá ningún tipo de menoscabo a la renta real de sus inmuebles, donde el precio es establecido por la oferta y la demanda.
 
Es decir, la propuesta busca que tanto propietarios como inquilinos dejen de estar en una situación jurídicamente ambigua, tanto con los aumentos escalonados como con la utopía de la no actualización.
 
Trasparentar el mercado va a beneficiar a todos. Sin duda, el consenso sobre la norma se trata de una buena señal para los dueños e inquilinos, que seguirán impulsando la sanción en la Cámara de Diputados.