El presidente de la bancada progresista expresó que “sin intención de polemizar acerca de la legitimidad de una protesta, expresamos nuestro más enérgico repudio a la violencia que semejante acto de vandalismo conlleva, éste y cualquiera que se asemeje” y aseguró que “toda metodología violenta de reclamo social o político, toda forma de acción que incluya la violencia, atenta contra la esencia y razón de ser de la Democracia”.
Opinó que “en los últimos años se ha evidenciado una tendencia a naturalizar este tipo de comportamientos: tomas y daños de edificios públicos, rotura de bienes públicos y privados y cortes de calles rutas y puentes entre muchos otros, hecho que debemos repudiar desde todo punto de vista”.
Ocampos sostuvo que “es momento de expresarse con claridad y madurez. Somos plenamente conscientes que se trata de una cuestión altamente delicada y polémica pero no queremos, por conveniencia o hipocresía política, eludir la responsabilidad que como representantes populares tenemos de definirnos en el tema".
Finalmente se preguntó: "¿Dónde está el límite? ¿Es legítimo 'judicializar' la protesta social? ¿Es acaso una forma de limitar por intimidación el Derecho al reclamo ciudadano? La línea divisoria entre una metodología de reclamo legítima y una ilegítima y violenta radica en la intención de destruir o de efectuar un daño".
22 octubre 2019
Interés General