La semana entrante será clave para la suerte del Plan Castello. El proyecto de Ley ingresará a la Legislatura. Comienza a dirimirse, ni más ni menos, que el destino del propio gobierno. El martes, el Gobernador recibirá a varios intendentes del Frente para la Victoria.

El motivo de la reunión será la discusión de los convenios que muchos municipios firman con el Ministerio de Educación por los servicios de transporte, refrigerio y mantenimiento de las escuelas. Hace tres años que no hay encuentro conjunto de los jefes comunales de la oposición con el gobierno para discutir las actualizaciones necesarias que la inflación impone.  Serán recibidos por Weretilneck porque la ministra Mónica Silva se encontrará en la ciudad de Buenos Aires realizando gestiones. Las contingencias no existen.

Difícil será que los intendentes y la máxima autoridad de la provincia dejen pasar la oportunidad para debatir sobre el endeudamiento que prevé el Plan Castello. Los alcaldes intentarán cosechar obras para sus localidades. Weretilneck, siempre dispuesto, cultiva zanahorias.

Vía el Ministerio de Gobierno, cada municipio recibió la “planilla” que confeccionó la cartera económica, con la proyección de endeudamiento que puede tomar cada localidad hasta el año 2023.  Dentro de 6 años, un período después de finalizados los actuales mandatos en diciembre de 2019.

La oposición le ha reclamado al gobierno que los fondos obtenidos por el empréstito sean destinados exclusivamente a obra pública y que se constituya una cuenta  “intangible” para que el dinero no se utilice en gastos corrientes o el pago de salarios. También solicitó el FPV que sea coparticipable  en un 50% con los municipios. La elocuencia del porcentaje tiene por anhelo la negociación.

A su juego favorito lo convocaron a Alberto. Aprovechará para abrirse a los requerimientos de los intendentes. Argumentará  la necesidad del endeudamiento en pos del desarrollo provincial. Sobrevolará en el ambiente la necesidad de supervivencia de todos los presentes.  

Hasta que no se resuelva el caso Rubén López, el gobierno necesita 3 votos del FPV para convertir, con los dos tercios necesarios, la iniciativa en Ley. La licencia otorgada al secretario general del sindicato de la fruta generó una baja en el plantel. Actualmente, JSRN cuenta con 25 alfiles en su bloque. Hay que sumar los 3 aliados de siempre para los temas complejos, Jorge Ocampos, Daniela Agostino y Soraya Yahuar. Los dos primeros representan al  Frente Progresista y la última a la Unión Cívica Radical. Por lo bajo, en el oficialismo descuentan que superaran los dos tercios ampliamente.

Luego de la reunión con el primer mandatario provincial, los jefes comunales del PJ pedirán reunirse con legisladores del FPV. Los parlamentarios identificados con Martín Soria militan por el voto negativo al proyecto, otro grupo anclará su voto a lo requerido por los intendentes. A esta altura, conmueve la plasticidad del presidente de la bancada, Alejandro Marinao, para mediar entre unos y otros. Insisten en el FPV que hoy no están las condiciones dadas para la aprobación. La realidad es que hay votos a favor y en contra que no se dejarán seducir por nuevas argumentaciones.

El titular del PJ estará ausente. En ese preciso momento participará en la Capital Federal de la reunión del Consejo del Partido Justicialista Nacional. De todos modos, el intendente de General Roca fue el primero en dar su veredicto contra al mencionado Plan. La discusión la promoverán sus legisladores. Sabe ya que los 17 del FPV no votarán en el mismo sentido. No le interesa a Soria forzar una ruptura de bloque en este año electoral. Su hermana María Emilia busca revalidar su banca en el Congreso Nacional. Más que nunca enfocará su andar en las antípodas del Gobernador.

Mientras, desentendido de las negociaciones para reunir los votos necesarios, el presidente del bloque de JSRN, Alejandro Palmieri, trabaja en tiempo de descuento para concluir el proyecto de Ley de autorización a tomar deuda para el Plan Castello. En la semana tendrá ingreso en la Legislatura y se descuenta que en abril se votará.

Otro tema de relevancia política son las discusiones salariales. En estos días continúan las paritarias de los trabajadores públicos rionegrinos. El lunes se reúnen en Trabajo nuevamente Educación y la UNTER. La ministro Silva se ocupó de dinamitar la estrategia de mediación con el gremio, que por la nueva Escuela Secundaria Río Negro había planteado el secretario laboral Lucas Pica.

Dos días después del intento de mediación, Educación emitió la Resolución 1337 que habilita al ministerio a otorgar cargos docentes sin que los interesados pasen por asamblea pública. Derribó con esto un logro histórico de la UNTER. Se profundizó la grieta entre el Gobierno y el sindicato. Le quedó claro a Pica que Silva no habilita que otro capitalice su trajinar.

Pero la nota gremial la dio UPCN cuando cosechó un magro 10 %, a cuenta de futuros aumentos para los dependientes del ejecutivo. El inefable Scalesi lo hizo otra vez. Por un lado, envió a Oscar Zapata, su representante en la CGT Zona Atlántica, a un encuentro con otros gremios que tenían la aspiración de conformar un Frente Gremial. Por otro andarivel, se sentó con Weretilneck y arregló por menos de lo que el Gobierno podía ofrecer. Atónitos los demás sindicatos esperan las derivaciones de este “adelanto a cuenta”.

El próximo jueves 30 vence el plazo de inscripción para la renovación de los cargos en la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Hoy no se avizoran casualidades en el firmamento de la provincia que alguna vez soñó Castello.