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A 48 horas de que una de las candidatas a ocupar la DefensorÃa del Pueblo del Municipio de Viedma impugnara al resto de los postulantes por su pertenencia polÃtica, llegó la hora del contraataque, ya que hoy se conoció que su postulación fue impugnada por supuestas irregularidades en la que habrÃa incurrido en el manejo de fondos cuando integraba la cooperadora de una institución educativa de la ciudad.
La contra impugnación fue presentada por Carolina Leonardelli, secretaria del bloque del CC-ARI y reconocida activista antinuclear, que forma parte del listado de 10 candidatos a ocupar por primera vez el cargo de Defensor del Pueblo. La impugnación que se conoció a primera hora de hoy apunta a Mabel Mariana Miranda, especialista en comunicación y marketing, que habÃa impugnado la postulación de sus contrincantes apuntando a su militancia polÃtica y partidaria.
Ahora la cuestionada es justamente Miranda, de acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario La Palabra, Leonardelli tendrÃa documentación que referirÃa a irregularidades que habrÃa cometido en el manejo de fondos pertenecientes a una cooperadora escolar.
Cabe recordar que la ordenanza que creó la figura del defensor establece que el ejercicio de este cargo será incompatible con cualquier otra función pública, la actividad comercial, laboral, profesional o remunerada dentro y fuera del ejido de Viedma, a excepción de la docencia. También será incompatible la participación en empresas, sociedades o personas jurÃdicas vinculadas con el municipio, al igual que cualquier filiación polÃtica o gremial. Tampoco podrán ocupar el cargo personas en quiebra, inhibidos, o condenados por delito doloso o de lesa humanidad, al igual que aquellos que hubieran sido exonerados o inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.
Mañana se cerrará el periodo de impugnaciones, que se habÃa abierto el pasado lunes, ahora los concejales deberán analizar las presentaciones y determinar cuáles de los 10 candidatos siguen en carrera, para ocupar el cargo que prevé un mandato de cuatro años para trabajar en defensa de los derechos humanos, intereses individuales y colectivos, además de supervisar la actividad del gobierno municipal, sus organismos, concesionarios y prestadores de obras y servicios públicos.
26 junio 2026
Viedma