Organismos del Estado provincial se congregaron para abordar la problemática de los desbordes cloacales que se producen en barrios FONAVI de la ciudad de Viedma. El objetivo de la convocatoria realizada por la Defensoría, fue analizar la problemática observando el marco legal vigente respecto a los alcances de  las competencias provinciales y evaluar distintas alternativas de solución.

Participaron de la reunión la defensora del pueblo, Adriana Santagati acompañada de los asesores Mariela Escuer y Alejo Domínguez; el presidente de ARSA, Omar Grill, y la asesora legal Romina Procoppo; por el DPA, Laura Castro y en representación del IPPV, Walter Gaggiotti.

Ante las consultas realizadas por Santagati en miras de obtener un análisis profundo de la situación, el presidente de ARSA indicó que “la empresa Aguas Rionegrinas tiene responsabilidad hasta la línea de vereda municipal, siendo responsabilidad de los usuarios la conexión y mantenimiento de las obras que van de la línea de vereda a las distintas unidades funcionales, conforme la Ley J. 3.183 y el Reglamento del Usuario de ARSA”.

Grill expresó además que “en la mayoría de los casos, las obstrucciones que derivan en los desbordes cloacales se encuentran en las cámaras internas de registro y no en las cámaras externas que son responsabilidad de la empresa”.

Aclaró  también que “en los casos que se detecta el desborde en las cámaras externas, la empresa realiza la inmediata desobstrucción, siguiendo el Manual de Procedimiento establecido por el Departamento Provincial de Aguas, en su carácter de órgano de control de la empresa”.

La Defensoría del Pueblo coincidió con lo expresado a partir del análisis del Reglamento de Copropiedad, Administración e Interno de las viviendas construidas con recursos del FONAVI, las que están sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal por Ley 13.512 que fuera incorporado al Código Civil en sus artículos 2037 al 2072.

Por su parte, Gaggiotti manifestó que, al momento de hacer entrega de las viviendas, “desde el IPPV se trabajó con los vecinos para la conformación de los primeros consorcios, los cuales, pese a la capacitación y el acompañamiento por parte del organismo, se han desarticulado en la mayoría de los barrios”.

Todos los presentes en el encuentro coincidieron en que la existencia de consorcios vendría a resolver muchos de los problemas que hoy tienen los barrios. Sin perjuicio de ello, también se hizo referencia a las juntas vecinales, aunque se advirtió la limitación que implica la falta en ellas de personería jurídica.

ARSA informó que continúa trabajando con las distintas juntas vecinales, otorgando asistencia técnica y entregado herramientas para que los vecinos puedan realizar el mantenimiento de las cámaras de registro del barrio. En este sentido, tanto el DPA como ARSA indicaron que cuentan con equipo técnico y profesional que, en todo momento, ha estado puesto a disposición del Municipio.

Todos  coincidieron que la falta de mantenimiento y uso inadecuado de las redes, demuestran obsolescencia en las instalaciones de los barrios por lo que una solución estructural sería abordar programas permanentes de mantenimiento, reparación y renovación de la infraestructura en muchos casos.

Por ello, teniendo en cuenta que es un tema de competencia municipal, desde la Defensoría del Pueblo se considera imprescindible la conformación de los consorcios o, en su defecto, que las juntas vecinales cuenten con personería jurídica que les permita gestionar, ejecutar y obtener recursos a partir del cobro de expensas o recursos de otras fuentes de financiamiento.

Además, la defensora Santagati advirtió la necesidad de programas de concientización, uso adecuado y responsable del recurso como así también del buen uso de las redes.

En este sentido, tanto el DPA, como ARSA, manifestaron su voluntad de poner a disposición los programas con los que cuentan actualmente, coincidiendo al mismo tiempo las partes en la necesidad que la Municipalidad de Viedma sea el actor fundamental en todo este proceso.