Las legisladoras del Frente de Todos María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniela Salzotto expresaron su respaldo a la denominada “ley de Alquileres” cuyo tratamiento en el Senado de la Nación se prevé para los próximos días, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre pasado.

Mediante un proyecto que declara el beneplácito y reconocimiento a la iniciativa por la cual se reforman y se incluyen artículos al Código Civil y Comercial de la Nación respecto de las relaciones contractuales referidas a la locación de inmuebles, las parlamentarias resaltaron que la ausencia de regulación específica deja desamparados a los locatarios frente a las condiciones que les imponen tanto propietarios como inmobiliarias, haciendo cada vez más complejo el acceso a una vivienda para uso familiar.

Calificaron las modificaciones legales como “un avance de gran importancia” y una “indudable mejora en las condiciones de los inquilinos”.

Detallaron que los locatarios hasta hoy deben “afrontar costos tales como pago total de comisiones de las inmobiliarias (muchas veces encubiertas bajo la denominación de “Segundo mes de depósito”, o “Segundo mes de anticipo”) y pago de expensas extraordinarias”. Desde la promulgación del nuevo marco normativo “encontrarán el respaldo legal y un alivio a la hora de suscribir un contrato de locación”.

El proyecto a tratarse en la Cámara Alta dispone un alentador cambio en lo que se refiere a la garantía del contrato ya que incorpora la posibilidad de ofrecer distintos tipos de avales (bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del inquilino) lo cual facilitará de modo significativo la tarea de aquellas familias que necesitan alquilar una vivienda y encuentran en este condicionamiento un obstáculo insorteable. 

Destacaron el sistema de actualización del canon locativo porque sólo podrán acordarse ajustes anuales, utilizando para ello un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). De esta manera, se logrará equilibrio y objetividad a la hora de calcular las actualizaciones.

La regulación en esta materia pone fin a los abusos contractuales por parte de propietarios e inmobiliarias y permite a los inquilinos acceder a condiciones de contratación más claras y equitativas.

Para la elaboración de esta iniciativa fue clave la labor de la Federación Nacional de Inquilinos y en particular la de la Unión de Inquilinos de Río Negro, desde donde se explicó la grave situación que atraviesan miles de familias en toda la Argentina por el desamparo legal y el abuso de propietarios y operadores inmobiliarios.

Desde esa agrupación rionegrina se calcula que más de 165 mil personas alquilan viviendas en la provincia. Un 46,66 por ciento de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril. “Estamos por encima de la media nacional, y convencidos de que sin temporada turística y con la economía paralizada, esos números van a crecer de mayo en adelante", dijo a los medios, Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro.

Vale recordar que debido a la pandemia el presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia el 23 de marzo de este año a través del cual dispuso la suspensión de desalojos y de los aumentos en los alquileres hasta el 30 de septiembre de 2020. Díaz señaló que muchas inmobiliarias no cumplieron con ese decreto.

“Se observaron  varios intentos de incumplirlo, como querer firmar contratos ahora cuando en realidad están todos prorrogados, además de cobrar aumentos no pactados o querer desalojar a las personas cuando está claro que no tienen donde ir”, remarcó el referente rionegrino.

Por otro lado, las legisladoras Martini, Mas y Salzotto repudiaron “la actitud irresponsable y desprovista de todo compromiso para con la sociedad por parte de Juntos por el Cambio y sus aliados políticos al no dar el quórum necesario para la incorporación del proyecto sobre tablas en la sesión prevista para el pasado 4 de junio. Una vez más, la agrupación política opositora ha demostrado su desinterés por el bienestar general de una gran parte de la población que estaba pendiente de la sanción de esta ley”.

No obstante, se mostraron confiadas en que la norma finalmente sea sancionada pronto por la Cámara Alta “pues la situación de los inquilinos merece una urgente definición”.