La problemática de las tierras ganó protagonismo en Río Negro. No hay localidad en la que no haya una toma o un requerimiento de tierra o vivienda y el Gobierno sabe que debe tomar cartas en el asunto, de modo que elaboró un programa mediante el cual pondrá a disposición 12 mil lotes en los próximos cinco años. La presentación fue en Cipolletti, donde la gobernadora Arabela Carreras compartió la mesa con el senador Alberto Weretilneck, un encuentro no menor teniendo en cuenta las diferencias que abundan entre ambos y 24 horas después de que la televisión argentina mostrara el desalojo en Guernica, convertido hoy en el ícono de una realidad que muestra la desigualdad en nuestro país, en la que aún asalariados tienen un impedimento para acceder a un lugar donde vivir con sus familias. Ni hablar de los caídos de la economía. Nos les está permitido el derecho a soñar siquiera con un techo.

La iniciativa del gobierno provincial llega después de que los cuatro municipios más grandes de Río Negro pusieran en marcha respectivos planes de contingencia para ofrecer soluciones y frenar una escalada incesante de Tomás.

Está situación es una de las varias que acontecen hoy en Río Negro en este contexto de pandemia, donde es un hecho que habrá temporada turística porque hay una necesidad imperiosa de abrir esa parte de la economía que genera divisas y en contrapartida no hay indicios seguros de cuándo se retomarán las clases en las escuelas.

La realidad económica es otro problema: actividades como la del comercio atraviesan una severa crisis porque el consumo no se ha reactivado en los niveles que se esperan. Además hay sectores de asalariados que todavía no logran cerrar paritarias con sus patronales. Para otros el problema está en que justamente las paritarias ya se cerraron y en eso se cuentan los trabajadores de la salud pública, que cada jueves le recuerdan al gobierno rionegrino que no están conformes con el último acuerdo salarial, al punto de haberse enojado con los gremios mayoritarios UPCN y ATE y haber dado el puntapié inicial a la creación en la Provincia de un gremio exclusivo de trabajadores de Salud que tiene ya un reconocimiento nacional.

Y si bien las paritarias ya están cerradas con los acuerdos firmados por los gremios ahora UPCN salió a la calle y se suma a la acumulación de protestas que hay hoy en la revuelta sociedad rionegrina.

Porque si es por salir a la calle el viernes hubo una verdadera pueblada en San Antonio Oeste, tras el femicidio de una joven madre que fue ultimada por su pareja y que dejó al descubierto las falencias que existen al momento de dar tratamiento inmediato a las víctimas de violencia de género. Se sabe que la víctima había hecho la denuncia contra su femicida por lo menos más de diez veces, pero nadie supo, quiso o pudo hacer nada. La situación generó reacciones en los estamentos políticos: El Gobierno mandó a la sujefa de la Policía, Beatriz Castillo para hacer frente a la situación. Vaya ironía, la subjefa de la fuerza fue para resolver la situación desde una perspectiva de género, esa que faltó para evitar el femicidio de Carolina Rivero. Por el lado del Legislativo, desde el Frente de Todos corrieron a pedir juicio político contra la fiscal Mariela Coy, quien según la hermana de Carolina, le había dado a ésta turno para atender su situación el 20 de noviembre próximo. Quizá la cantidad de trabajo tenga desbordada a la fiscal, pero en una provincia donde las cabezas del Poder Judicial cobran sueldos de 600 mil pesos  debería existir un funcionamiento mas o menos aceptable de sus diferentes niveles de servicio al ciudadano.