Intendentes y exintendentes de diversas localidades de Río Negro alzaron su voz contra el Ministerio Público Fiscal, señalando irregularidades y dilaciones en las investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución del plan nacional Techo Digno. Las causas judiciales, que llevan más de una década abiertas, no encontraron pruebas concluyentes de corrupción, según denuncian los acusados.

El plan Techo Digno, implementado entre 2012 y 2015, tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales en todo el país. Sin embargo, en Río Negro, aún persisten causas judiciales que involucran a una veintena de intendentes y exintendentes. Según los imputados, estas investigaciones no consideran el contexto económico de aquel entonces ni las dificultades para ejecutar las obras bajo los parámetros establecidos.

Los dirigentes destacaron que Río Negro fue la única provincia en cumplir con el 100% de las obras, asegurando que los fondos fueron utilizados de manera transparente y con rendición de cuentas ante los organismos de control. Sin embargo, denuncian que las acusaciones de "certificaciones falsas" y pagos indebidos carecen de sustento legal.

El comunicado fue firmado en la ciudad de Cervantes por Daniel Belloso, legislador provincial y exintendente de Choele Choel (Partido Justicialista); María Alejandra Mas, parlamentaria del Parlasur y exintendenta de General Conesa (Partido Justicialista); Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes (Partido Justicialista); Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche (Juntos Somos Río Negro); Gustavo San Román, legislador provincial y exintendente de Río Colorado (Juntos Somos Río Negro); Luis Ivancich, legislador provincial y exintendente de General Enrique Godoy (Partido Justicialista); María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche (Partido Justicialista); Carlos Pilotti, exintendente de Río Colorado (Partido Justicialista); Renzo Tamburrini, exintendente de Sierra Grande (Partido Justicialista); y Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes (Partido Justicialista).

Los firmantes criticaron la falta de avances en las causas, calificando la prolongación del proceso como un castigo en sí mismo. “Diez años de una causa es abuso de las normas procesales. No es Estado de Derecho. No es justicia”, señalaron. Asimismo, aseguraron que continuarán ejerciendo su defensa y utilizando todos los mecanismos legales disponibles para demostrar su inocencia.

El contexto judicial también es cuestionado, ya que las investigaciones se delegaron a las provincias en 2018 tras la decisión del juez federal Claudio Bonadío. En Río Negro, el avance de las causas es lento y desigual, y varios de los imputados asumieron sus cargos después del período señalado como marco temporal de los presuntos delitos.

Los dirigentes defendieron la trazabilidad de los recursos y la legalidad de sus acciones, al tiempo que denunciaron los daños personales, familiares y políticos derivados de una exposición mediática que, según afirman, no corresponde con los hechos investigados.