La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la prórroga del contrato de concesión hidrocarburífera del yacimiento Estación Fernández Oro, ubicado en Allen. La extensión por diez años fue otorgada al Grupo Quintana, compuesto por las empresas Quintana E&P Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA y Gas Storage and Midstream Services SA.

El yacimiento, en producción desde 1969 bajo la gestión inicial de YPF, es una fuente significativa de gas (30%) y petróleo (7%) en la región. La explotación actual enfrenta un declive natural, motivo por el cual el nuevo acuerdo busca revitalizar la productividad a través del denominado "plan Andes", que promueve la explotación de pozos maduros ante el foco de YPF en recursos no convencionales.

El Grupo Quintana se comprometió a realizar inversiones por 91.880.000 dólares, destinadas a perforar 12 nuevos pozos, reacondicionar 22 existentes y profundizar actividades de exploración y explotación. Asimismo, el plan incluye la habilitación de un gasoducto, con el objetivo de extender la vida útil del yacimiento y generar empleo directo en la región.

Entre los compromisos asumidos por el concesionario destacan aportes adicionales del 3% en regalías hidrocarburíferas (sumando al 12% actual), un bono de prórroga de 2,5 millones de dólares que será distribuido entre municipios y comisiones de fomento, y un fondo para desarrollo social e institucional. También se contempla la remediación ambiental, capacitación laboral y el establecimiento de pasantías anuales.

El debate legislativo estuvo marcado por posiciones de apoyo crítico. Lorena Yensen, de Juntos Somos Río Negro, destacó el impacto económico positivo de la inversión y su capacidad de reactivar la producción del yacimiento, mientras que legisladores de bloques opositores cuestionaron la falta de garantías, como una póliza de caución, y el bajo monto del bono de prórroga en relación con el potencial del recurso.

Desde el bloque Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé manifestó que, aunque el proyecto genera empleo, los términos del acuerdo son desfavorables para la provincia. Similar crítica expresó Ana Marks, del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE), al señalar que el convenio "impacta negativamente en los municipios productores" por su limitada retribución económica y criticó: "Entendemos que estas negociaciones han generado un marco de debilidad para el Estado rionegrino. Creemos que el bono de prórroga es bajo, considerando la potencialidad de los pozos en cuestión".

En tanto, representantes del PRO, CC-ARI y Primero Río Negro coincidieron en la necesidad de mayor transparencia y controles estrictos sobre la ejecución del contrato. Santiago Ibarrolaza, del PRO, enfatizó la importancia de supervisar que las operadoras cumplan con los intereses colectivos de la provincia, mientras que Roberta Scavo, de CC-ARI, resaltó la inclusión de un 1% destinado a infraestructura deportiva en los nuevos contratos petroleros.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió el acuerdo argumentando que es parte de un proyecto estratégico para consolidar a Río Negro como una provincia minera y energética. "Seguiremos explorando todo lo que sea necesario para transformar a Río Negro en una provincia gasífera y petrolera, con transparencia y desarrollo integral", concluyó.