La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional generó cuestionamientos en el ámbito legislativo patagónico, donde se plantearon objeciones por su alcance institucional y por el impacto que podría tener sobre las autonomías provinciales. La medida fue adoptada el 21 de enero de 2026 a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

A partir de esa decisión, el bloque Vamos con Todos presentó un proyecto de Declaración en el que expresó su rechazo a la intervención y solicitó que se evalúen sus implicancias desde una perspectiva federal. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda y cuenta con el acompañamiento del resto de la bancada. Según se indicó, la intervención incluyó el despliegue de fuerzas federales, como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, sin que mediara una auditoría técnica o económica previa.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella manifestó su desacuerdo con la medida y sostuvo que el puerto funciona con normalidad. De acuerdo a lo señalado por la administración provincial, la terminal portuaria atraviesa una temporada con altos niveles de actividad vinculados a recaladas y cruceros, y no existirían elementos objetivos que justifiquen la intervención.

En los fundamentos del proyecto legislativo, Odarda advirtió que la decisión podría sentar un antecedente institucional en relación con áreas consideradas de competencia provincial. En ese marco, señaló que la intervención de infraestructura estratégica plantea interrogantes sobre el respeto a las autonomías y el alcance de las decisiones adoptadas desde el Poder Ejecutivo nacional.

El texto también hace referencia al impacto que la medida podría tener sobre los recursos provinciales y sobre la situación laboral de quienes se desempeñan en el ámbito portuario. En ese sentido, se mencionaron expresiones de organizaciones sindicales que integran la Mesa Intersindical, las cuales señalaron posibles consecuencias en términos de ingresos y estabilidad laboral, en un contexto de alta actividad del puerto.

Otro de los aspectos incorporados en el debate fue el arribo a Ushuaia de una aeronave militar estadounidense Boeing C-40 Clipper, ocurrido el domingo posterior a la intervención. Según se informó, el avión trasladó a congresistas de Estados Unidos y su presencia fue confirmada posteriormente por la Embajada de ese país. La visita no habría sido comunicada previamente a las autoridades provinciales. Días después, la aeronave arribó a la ciudad de Neuquén, donde se localiza el yacimiento Vaca Muerta.

En relación con este punto, se retomaron declaraciones del secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien planteó que la intervención del puerto debe analizarse en un contexto más amplio, vinculado a decisiones de alcance regional y a intereses de carácter estratégico. También se mencionaron análisis difundidos por el Observatorio Malvinas, que relacionan la situación con debates sobre infraestructura y conectividad en el extremo sur del país.

Ante este escenario, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, informó que solicitará la convocatoria urgente del Parlamento Patagónico, con el objetivo de promover una posición común de las provincias de la región. La propuesta apunta a que el cuerpo se pronuncie en defensa del federalismo, las autonomías provinciales y la soberanía, y exprese su respaldo institucional a Tierra del Fuego.

El proyecto de Declaración fue presentado por la legisladora María Magdalena Odarda y cuenta con el acompañamiento de José Luis Berros, Luciano Jesús Delgado Sempé, Fabián Pilquinao y Ayelén Spósito.