La amenaza del Gobierno nacional de no abonar parte de los salarios de febrero a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional escaló el conflicto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que confirmó un paro de 36 horas con movilización para esta semana. La medida se enmarca en el plan de lucha que impulsa el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que nuclea a más de un centenar de organizaciones gremiales.

Desde ATE señalaron que la advertencia oficial implica dejar de pagar adicionales salariales, entre ellos el premio estímulo a la asistencia, lo que representaría una quita superior a los 50 mil pesos por agente. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que se trata de una decisión “sin precedentes” y denunció que el Ejecutivo “clausuró la paritaria” al no retomar el cuarto intermedio acordado el 26 de diciembre.

Según lo expresado por el dirigente sindical, la medida se suma al congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2025. En ese marco, ATE exige la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y el cumplimiento “en tiempo y forma” del pago de los sueldos completos, incluidos todos los adicionales que forman parte de la remuneración habitual. Desde el gremio advirtieron que cualquier recorte impactará en la prestación de servicios públicos.

La convocatoria al paro se inscribe además en el rechazo a la reforma laboral que volverá a debatirse esta semana en la Cámara Alta del Congreso. Aguiar vinculó la profundización del conflicto con el tratamiento legislativo y afirmó que el oficialismo busca avanzar con la iniciativa en el Senado. “Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, señaló el titular de ATE al confirmar la medida de fuerza.

El Frente de Sindicatos Unidos, del que forman parte organizaciones como la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, anticipó que acompañará la huelga. Desde ese espacio sostienen que la reforma laboral implica un retroceso en derechos adquiridos y consideran que el plan de acción debe intensificarse ante el escenario actual.

Por último, ATE difundió que, durante la gestión del presidente Javier Milei, el poder adquisitivo de los salarios estatales habría registrado una caída superior al 45,3%. En ese contexto, el sindicato ratificó el paro de 36 horas y no descartó nuevas medidas si no hay una convocatoria formal a retomar las negociaciones salariales.

La medida de fuerza se desarrollará en la previa del debate legislativo y anticipa una semana marcada por la tensión entre el Ejecutivo y los gremios estatales, con impacto en distintos organismos de la administración pública nacional.