La convocatoria del Gobierno provincial para discutir la actualización de la coparticipación ya empezó a generar ruido en varios municipios, especialmente en aquellos donde el Censo 2022 arrojó una población menor a la que figura en el padrón electoral. En ese escenario, la mesa de trabajo prevista para este jueves en Casa de Gobierno no solo pondrá sobre la mesa números, sino también reclamos políticos que vienen creciendo en voz baja.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, confirmó que el viernes se cursaron las invitaciones a los 39 intendentes para avanzar en la actualización de los índices, sin modificar la fórmula vigente. El esquema mantiene el 40% según población, otro 40% en partes iguales y el 20% en base a la recaudación municipal. La diferencia estará en que ahora se tomarán los datos del Censo 2022, en reemplazo de parámetros que en la práctica aún remiten a cifras de 1991, con ajustes posteriores.

Sin embargo, el punto más sensible es el poblacional. En municipios donde el censo arrojó menos habitantes que el padrón electoral, la preocupación es concreta: si el número oficial es menor, el porcentaje de coparticipación también podría verse afectado. La inquietud no es nueva, pero ahora se traduce en un impacto directo sobre los recursos.

Entre quienes manifestaron su malestar se encuentran el intendente de General Conesa, Mario Lineker, y su par de Lamarque, Sergio Hernández. Ambos vienen planteando que el dato censal no refleja la realidad demográfica de sus localidades y que el padrón electoral muestra una cantidad de personas habilitadas para votar superior a la población oficialmente registrada. Esa diferencia, sostienen, genera incertidumbre a la hora de proyectar ingresos y planificar servicios.

Ríos reconoció que hubo cuestionamientos de intendentes y comisiones de fomento respecto de los datos poblacionales, aunque aclaró que el peso del índice no cambiará dentro de la fórmula. También anticipó que habrá municipios que mejoren su porcentaje, otros que lo mantengan y entre dos y tres que podrían sufrir reducciones que, en algunos casos, rondarían entre el 10 y el 15%. Frente a ese escenario, aseguró que el Ejecutivo buscará alternativas para acompañar a los distritos que vean resentidos sus ingresos en la transición.

En paralelo, el ministro mencionó que localidades con fuerte crecimiento demográfico como Fernández Oro, Dina Huapi y El Bolsón podrían tener un impacto positivo con la actualización, ya que actualmente perciben recursos calculados con parámetros que no reflejan su población actual. La discusión, entonces, no es uniforme: mientras algunos distritos esperan mejorar su participación, otros temen quedar en desventaja.

La reunión del jueves será, en principio, informativa, pero marcará el inicio de una negociación que promete ser intensa. Desde el Gobierno provincial señalaron que la intención es enviar un proyecto de ley con los nuevos índices, aunque el ritmo dependerá de los consensos que se logren con los jefes y jefas comunales.

Con los números sobre la mesa y las diferencias ya planteadas, la actualización de la coparticipación se encamina a convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política provincial en las próximas semanas.