Tras la audiencia pública convocada por el EPRE por la revisión tarifaria de Edersa, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) ratificó su rechazo al nuevo pedido de aumento y adelantó que continuará con presentaciones formales ante el ente regulador. Miguel Grasso, presidente de la entidad y titular de la Cámara de Comercio de General Roca, sostuvo que los números expuestos por la distribuidora “no justifican” una suba y cuestionó el impacto que tendría en hogares, pymes y sectores productivos.

Grasso señaló que la discusión tarifaria “viene desde hace años” y remarcó que, a criterio de la Federación, los datos presentados por la empresa no reflejan la estructura real de costos. “Ellos dicen que participan en un 21% de la factura y que se llevan la menor parte. Nosotros demostramos que es más del 50% del total”, afirmó.

El dirigente explicó que, según los números expuestos por la propia Edersa en la audiencia, la empresa compra el kilovatio hora a Cammesa por un valor cercano a los 66 pesos y lo factura por encima de los 322 pesos. Los datos coinciden, indicó, con informes del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). “Son cifras que surgen de fuentes oficiales y de la propia presentación de la empresa”, sostuvo.

Sobre el porcentaje de incremento en debate, Grasso planteó diferencias con el cálculo difundido por la distribuidora. “Edersa habla de un 45%, pero omite modificaciones que también impactan. A nosotros nos da cerca del 65%”, expresó. Además, recordó que el EPRE tiene un plazo teórico de 120 días para resolver, aunque mencionó que en la revisión anterior la definición se extendió durante varios meses.

Otro de los cuestionamientos estuvo vinculado a la modalidad de la audiencia pública. Desde FEERN manifestaron su oposición a que se realice de manera virtual, al considerar que eso limita la participación ciudadana. “Antes eran presenciales y había entre 80 y 200 personas. Ahora no había más de 50 conectadas. Mucha gente siente que opinar no cambia nada, pero si no participamos, el ente entiende que no es un tema de interés”, señaló.

Grasso también hizo referencia a la deuda acumulada por la distribuidora con Cammesa durante años anteriores y al acuerdo posterior que permitió su regularización. Según indicó, parte de esa deuda fue condonada y el resto se financió en cuotas, con la provincia como garante. “Son datos públicos que forman parte de un convenio que nunca conocimos en detalle”, agregó.

En cuanto al nivel tarifario, el presidente de FEERN afirmó que, de acuerdo a informes del IIEP, Río Negro se ubica desde hace más de una década entre las provincias con tarifas eléctricas más altas del país. “Estamos siempre entre los primeros puestos”, indicó.

Respecto del servicio, señaló que durante la audiencia hubo exposiciones de usuarios y usuarias que cuestionaron la calidad en distintas localidades. También mencionó la discusión sobre las campañas de medición de consumo y la definición de obras, que —según planteó— deberían responder a criterios de planificación del sistema y no exclusivamente a decisiones empresarias.

Finalmente, Grasso adelantó que la Federación presentará un nuevo requerimiento formal ante el EPRE con el detalle de los números analizados. “Esto recién empieza. Vamos a pedir explicaciones. Si estamos equivocados, que nos lo demuestren. Pero hasta ahora los datos indican que la empresa tiene una rentabilidad que no justifica otro aumento”, concluyó.

La resolución ahora queda en manos del ente regulador, que deberá definir si autoriza o no la actualización tarifaria solicitada por la distribuidora. Mientras tanto, el debate continúa abierto entre la empresa, las entidades intermedias y los sectores alcanzados por el servicio eléctrico en la provincia.