Las primeras elecciones para conformar el Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), tras años de reclamos por la normalización institucional, derivaron en un escenario de conflicto que ahora suma una denuncia penal en la Justicia Federal y pone en discusión la continuidad del proceso.

La denuncia fue impulsada por referentes gremiales y espacios opositores, entre ellos las secretarias generales de Adiupa y Sitraiupa, Rocío Encina y Marina Cepeda, junto a apoderados y fiscales de distintas listas. La presentación apunta contra el rector normalizador Gerardo Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y otros integrantes del organismo, a quienes se les atribuyen posibles delitos vinculados al proceso electoral. Según consta en el escrito, se plantean posibles figuras como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras que quedaron sujetas a evaluación judicial.

Según el escrito judicial, se cuestionan distintos aspectos del desarrollo de las elecciones realizadas el 15 y 16 de marzo. Entre los puntos señalados figuran la incorporación de votantes de la Escuela de Arte Popular al padrón, la organización de mesas en múltiples localidades con dificultades de fiscalización y la existencia de urnas sin los resguardos formales.

El conflicto se profundizó tras el escrutinio definitivo realizado el viernes, donde se oficializó la conformación del órgano de cogobierno. De acuerdo a los datos difundidos por la institución, la lista oficialista La Unión obtuvo 8 de los 16 consejeros, lo que le permitiría tener un rol determinante en la elección del próximo rector.

Sin embargo, desde la oposición sostienen una interpretación distinta de los resultados. Espacios como la Lista 10 Celeste y Blanca y otras agrupaciones indicaron que, sumando representaciones, alcanzan una mayoría dentro del Consejo Superior. La disputa se concentra especialmente en el claustro estudiantil, donde ya se anticipó una posible judicialización por la validez de los votos emitidos en sedes descentralizadas.

En paralelo, el rector Gerardo Blanes defendió el proceso electoral y la participación de estudiantes de las Escuelas de Arte Popular, señalando que se trata de un programa con respaldo legal y presencia territorial. También destacó el nivel de participación en los comicios y planteó que la definición del próximo rector quedará en manos de los consejeros electos.

Mientras tanto, la situación institucional se mantiene en tensión. La semana posterior a las elecciones estuvo marcada por permanencias estudiantiles, movilizaciones y cuestionamientos al proceso. Incluso se registraron cruces durante el escrutinio definitivo, en un clima de confrontación entre sectores de la comunidad educativa.

El próximo paso formal del cronograma está previsto para el 30 de marzo, cuando debería constituirse el Consejo Superior y avanzar en la elección del rector o rectora. No obstante, desde los sectores opositores anticiparon que buscarán frenar ese proceso mediante una presentación en el fuero contencioso administrativo de la Justicia Federal, en paralelo a la denuncia penal ya radicada.

En lo inmediato, este miércoles se espera la reactivación de las asambleas estudiantiles tras el asueto dispuesto por la conducción. Según confirmó Marina Cepeda, en esos espacios se definirá la continuidad de las medidas de protesta, incluida la permanencia en la sede central.

La dirigente también advirtió que el conflicto no se redujo durante los días sin actividad formal y que persiste un nivel de tensión que atraviesa a toda la comunidad universitaria. En ese contexto, la jornada aparece como un punto de inflexión para definir los próximos movimientos tanto en el plano institucional como en el judicial.