Las condiciones en las que se aprobaron los convenios de inversión en la Legislatura rionegrina sumaron cuestionamientos por su impacto en el desarrollo productivo y la capacidad del Estado provincial para fijar reglas a largo plazo.

El legislador Leandro García, del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, planteó que el esquema vigente prioriza la llegada de inversiones sin garantizar transferencia tecnológica, integración con empresas locales ni generación de conocimiento. “Hay una asociación que se hace como libremente entre bajar impuestos, atraer inversiones y generar desarrollo, que la historia demuestra que no es tan así”, sostuvo.

Críticas al modelo y al rol del Estado

En ese sentido, remarcó que el rol del Estado resulta clave para condicionar a las empresas y asegurar valor agregado local. “Se necesita un Estado que acompañe y que exija que haya transferencia de tecnología, encadenamientos productivos e involucramiento de las universidades”, explicó.

García, quien no acompañó el proyecto a diferencia de su bloque que votó en forma positiva, también puso el foco en los convenios aprobados, que —según indicó— limitan la capacidad de la provincia para negociar mejores condiciones. Advirtió que estos acuerdos se extienden por 30 años y pueden condicionar la política pública de ocho futuros gobiernos. “Son convenios que limitan mucho la capacidad del Estado para generar condiciones de desarrollo”, afirmó.

Ingresos, empleo y condiciones de negociación

Al mismo tiempo, señaló que los ingresos económicos derivados de estas inversiones apenas compensan una parte de los recursos perdidos por la provincia. “Los aportes que van a entrar representan apenas el 50% de lo que se perdió en coparticipación”, indicó, y agregó que el empleo generado es en gran parte temporal, vinculado a la etapa de construcción.

Sobre el proceso de negociación, sostuvo que Río Negro contaba con ventajas geográficas y logísticas que no fueron plenamente aprovechadas. “La provincia se paró en una posición de debilidad frente a las empresas”, planteó.

No obstante, reconoció algunos cambios en los últimos acuerdos. Destacó la incorporación de una planta de fraccionamiento, que podría generar empleo duradero, y la modificación de cláusulas que anteriormente trasladaban costos a la provincia en caso de que las empresas abandonaran los proyectos. “Esas cosas se pudieron corregir, lo que demuestra que había margen para negociar mejor”, señaló.

En comparación con experiencias anteriores, como el acuerdo con Chevron, García sostuvo que el contexto actual es diferente. “Hoy las inversiones vienen con ganancias más seguras, por lo que el Estado debería exigir más contraprestaciones”, explicó.

Finalmente, insistió en que el debate de fondo tiene que ver con el modelo de desarrollo que se busca para la provincia. “Lo que está en juego es la capacidad de generar industria, empleo y valor agregado en el territorio”, concluyó.