La cantidad de empleados, funcionarios políticos y contrataciones administrativas dentro del Municipio de Viedma quedó en el centro de un nuevo reclamo impulsado desde el Concejo Deliberante. El concejal Julián Algañarás presentó un pedido de informes dirigido al intendente Marcos Castro para acceder al detalle actualizado de la planta municipal y de las incorporaciones realizadas bajo distintas modalidades contractuales.

El edil sostuvo que la iniciativa busca contar con información pública “básica, completa y actualizada” para poder controlar el gasto previsto en el presupuesto municipal destinado al pago de salarios durante este año. Según planteó, el Ejecutivo local no brindó respuestas a solicitudes previas realizadas por otras vías.

Algañarás señaló que el requerimiento había sido planteado inicialmente ante la jefa de Gabinete municipal, María Eugenia Serra, quien —indicó— se había comprometido a entregar los datos solicitados. “De un momento para otro y sin justificación comenzó a evadir el pedido, así que no quedó otro camino que recurrir al pedido de informes”, afirmó el concejal.

El pedido apunta específicamente a conocer la cantidad de funcionarios políticos, personal contratado y trabajadores incorporados mediante contratos administrativos dentro de la estructura municipal. Desde el espacio remarcaron que se trata de información necesaria para ejercer control sobre el uso de recursos públicos y el funcionamiento del Estado local.

Además, advirtieron que los plazos previstos en la ordenanza municipal N° 2796 para responder el pedido ya se encuentran vencidos. En ese marco, expresaron preocupación por la falta de información oficial vinculada a designaciones, contrataciones y estructura política vigente dentro del Municipio.

“El nivel de transparencia con el que se administra la estructura política del Municipio genera dudas razonables”, sostuvieron desde el sector que impulsa el reclamo, al insistir en la necesidad de contar con datos verificables sobre la composición del personal municipal y el gasto asociado.

El planteo se da en medio de cuestionamientos opositores vinculados al acceso a la información pública y al control del presupuesto municipal, especialmente en áreas relacionadas con el crecimiento de la estructura política y las contrataciones administrativas.