La expansión del crédito que impulsó parte de la recuperación del consumo durante 2024 y 2025 también dejó una contracara: el aumento de la morosidad en préstamos y tarjetas. El fenómeno se da a la par de una desaceleración económica, mayores tasas de interés y cambios en los hábitos de financiamiento de los hogares.

Así lo analizó el economista rionegrino Diego García, quien sostuvo que el incremento de los atrasos en los pagos debe observarse en el marco de una ampliación significativa del mercado crediticio. Explicó que muchas familias que anteriormente no tenían acceso a préstamos comenzaron a incorporarse al sistema financiero durante la segunda mitad de 2024 y buena parte de 2025, impulsadas por la estabilidad de precios, la expansión de las fintech y el crecimiento de las billeteras virtuales.

Para García, ese proceso generó inevitablemente mayores niveles de riesgo. Explicó que cuando se amplía el universo de personas que acceden al crédito también aumenta la posibilidad de incumplimientos. En ese sentido, remarcó que los actuales indicadores todavía se mantienen por debajo de los niveles más críticos registrados durante el último tramo de 2023, cuando la combinación de una inflación superior al 200% anual y una fuerte caída del salario real golpeó el poder adquisitivo de los hogares.

El economista recordó que el último trimestre de 2023 representó uno de los momentos más complejos para los ingresos de trabajadores y trabajadoras. Indicó que los salarios registrados sufrieron pérdidas cercanas al 18% anual en términos reales, mientras que en el sector informal las caídas llegaron a superar el 30%. A partir de 2024, con la desaceleración inflacionaria, comenzó una etapa de alivio que permitió cierta recuperación del consumo, aunque sin revertir completamente las pérdidas acumuladas.

En ese contexto, García explicó que la recuperación económica observada entre fines de 2024 y buena parte de 2025 estuvo impulsada principalmente por el crédito al consumo. No obstante, advirtió que el escenario cambió cuando comenzaron a subir las tasas de interés y se desaceleró la actividad económica. Esa combinación provocó un nuevo deterioro de algunos indicadores sociales y financieros, entre ellos el aumento de la mora.

Otro aspecto destacado por el especialista fue la situación del empleo informal. Sostuvo que los trabajadores y trabajadoras no registradas fueron quienes mostraron una recuperación más marcada de sus ingresos respecto de los niveles de 2023, aunque todavía permanecen por debajo de los salarios del empleo formal. García vinculó ese fenómeno con el crecimiento de actividades relacionadas con el comercio electrónico, los servicios de reparto y las plataformas digitales, especialmente en los grandes centros urbanos.

Al analizar la situación salarial, señaló que el ajuste más fuerte se produjo en el ámbito del sector público nacional, donde estimó una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo. En contraste, consideró que varias provincias lograron sostener los salarios en niveles cercanos a la inflación. Entre ellas ubicó a Río Negro, donde calculó que los ingresos estatales se encuentran apenas algunos puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios.

Respecto de las perspectivas económicas, García planteó que una continuidad en la reducción de la inflación debería traducirse gradualmente en una mejora de los salarios reales a través de las negociaciones paritarias. A su entender, la estabilidad de precios constituye hoy el principal respaldo político del gobierno nacional y será uno de los factores determinantes de cara a los próximos años.

El economista también señaló que parte de la recuperación observada en los últimos años estuvo asociada a sectores vinculados a las nuevas modalidades de trabajo y distribución. Mencionó el crecimiento de actividades relacionadas con entregas a domicilio, servicios contratados mediante aplicaciones y tareas ligadas a la logística del comercio electrónico, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, aclaró que ese proceso no necesariamente implica una mejora en la calidad del empleo, sino una reconfiguración del mercado laboral.

Finalmente, García se refirió al impacto que podrían tener en Río Negro las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los proyectos energéticos asociados al desarrollo de hidrocarburos y exportación de gas. Consideró que esas iniciativas generarán cambios estructurales en materia de infraestructura, capital humano y actividad económica, aunque aclaró que sus efectos más significativos se observarán en el mediano y largo plazo.

Entre los proyectos mencionó las inversiones previstas en la costa atlántica rionegrina y las obras asociadas a la industria energética. Evaluó qjue la llegada de esos emprendimientos podría generar transformaciones en distintas localidades de la provincia, con impacto tanto en los servicios como en la conectividad y el movimiento económico regional.