La preocupación por un eventual desalojo llevó este viernes a un grupo de familias del denominado barrio Perón de Viedma a movilizarse hasta la Municipalidad, donde reclamaron respuestas ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus viviendas. Sin embargo, de acuerdo con la información reunida por Diario La Palabra, no existe actualmente una orden judicial de desalojo y la causa se encuentra todavía en una etapa inicial de investigación.

El conflicto judicial se originó en 2019, a partir de la ocupación de un predio ubicado sobre la avenida Perón y la Ruta Provincial N° 1, entre la rotonda de ingreso al barrio Santa Clara y el boulevard Ituzaingó, que se generó en cercanía del ex canal Montenegro. Los terrenos son propiedad de YPF S.A. y la causa atravesó durante varios años una discusión respecto de qué fuero debía intervenir.

La Justicia provincial había derivado oportunamente las actuaciones al ámbito federal, pero la Justicia Federal también se declaró incompetente. La situación llegó entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién en diciembre de 2025 determinó que la competencia correspondía a la Justicia de Río Negro. De ese modo, el expediente regresó a la jurisdicción provincial después de varios años de trámite.

Con la causa nuevamente en la provincia, la fiscal Paula de Luque impulsó a comienzos de este año una constatación de la situación existente en el predio. El relevamiento permitió establecer cuántas personas y familias residían allí, la cantidad de viviendas y la presencia de niñas, niños y adolescentes, entre otros datos que ahora son analizados dentro de la investigación.

La información obtenida permitió advertir además que la composición del asentamiento cambió durante los años en que el expediente estuvo atravesado por la discusión de competencia. De las familias que inicialmente habían ocupado el lugar quedarían actualmente unas tres, mientras que otras personas y familias se incorporaron con posterioridad. El relevamiento realizado durante este año registró la presencia de nuevos ocupantes, unos 20 grupos familiares.

La Fiscalía se encuentra ahora analizando esa información y realizando distintas medidas preliminares, con intercambio de datos con el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Defensoría de Menores. La intervención de esos organismos está vinculada, entre otros aspectos, a la situación social y familiar de quienes viven en el predio.

Un dato central para entender la situación actual es que todavía no hay personas imputadas en la causa. Si bien el expediente investiga una posible ocupación de terrenos pertenecientes a YPF, para avanzar hacia una acusación concreta por el delito de usurpación debe desarrollarse previamente el proceso correspondiente y, eventualmente, llegar a una formulación de cargos.

Qué dicen los vecinos

La movilización de los vecinos estuvo vinculada precisamente al temor de que ese proceso desembocara en un desalojo. Milagros, una de las vecinas que participó de la protesta, explicó que las familias recibieron información que interpretaron como un posible desalojo compulsivo para octubre. “Nos dijeron que supuestamente iba a haber un desalojo compulsivo”, manifestó durante la movilización, y planteó la preocupación por la posibilidad de que las familias quedaran en la calle junto a sus hijos, sin poder aclarar de dónde provino ese aviso.

La vecina también relató que meses atrás se realizó un relevamiento en el lugar y que posteriormente hubo presencia policial para notificar a quienes habían sido individualizados. Las familias concurrieron a realizar las diligencias que les fueron requeridas y desde entonces permanecen a la espera de definiciones sobre la situación judicial. Esto coincide con el relevamiento realizado por la Fiscal Luque, que no está relacionado todavía con un desalojo. 

La municipalidad comprometió acompañamiento 

El reclamo llegó este lunes hasta la Municipalidad de Viedma. Tres representantes del barrio fueron recibidos por el intendente Marcos Castro, quien escuchó el planteo y transmitió la disposición del Ejecutivo municipal para acompañar a las familias dentro de las posibilidades que tiene el municipio.

El subsecretario de Juntas Vecinales, Juan José Rosso, explicó a este diario que el planteo tiene un componente estrictamente judicial entre YPF y quienes ocupan los terrenos, por lo que el municipio no tiene intervención sobre la causa. Al mismo tiempo, remarcó que las familias son consideradas vecinas de Viedma y que el Ejecutivo mantendrá el acompañamiento institucional ante la situación que atraviesan.

Rosso también fue consultado puntualmente por la existencia de una orden de desalojo y fue categórico al señalar que durante la reunión no se presentó ningún documento que acreditara esa medida. “En concreto, no hay nada. No hay nada de un documento que certifique esto, no hay nada concreto”, expresó.

El funcionario agregó que los vecinos transmitieron que representantes legales de YPF ya mantuvieron reuniones en la Justicia y que la empresa pretende avanzar con el reclamo sobre el predio. Esa situación, explicó, es la que genera la preocupación de las familias, aunque hasta el momento no existe una resolución concreta que disponga un desalojo.

Esta última información refiere a una reunión informal que sí mantuvieron por zoom los abogados particulares y defensores oficiales de los imputados y los abogados de YPF en calidad de querellantes.

La protesta se desarrolló con carteles que expresaban “No al desalojo” y con la participación de familias del sector. Durante la movilización, además, un hombre mayor que participaba del reclamo sufrió una descompensación y fue necesaria la asistencia de una ambulancia.

Por ahora, el expediente continúa en etapa de investigación preliminar. La Fiscalía debe terminar de analizar la información obtenida durante el relevamiento y avanzar con las medidas que correspondan antes de definir los pasos procesales siguientes. Mientras tanto, el temor instalado entre las familias por un eventual desalojo no tiene, al menos por el momento, correlato en una orden judicial vigente.

Antecedentes de causas similares

El escenario deja así dos realidades que conviven: una causa judicial que recién comienza a avanzar sobre terrenos cuya propiedad corresponde a YPF y un grupo de familias que reclama certezas sobre su futuro habitacional. La eventual continuidad del proceso y las decisiones que adopte la Justicia determinarán los próximos pasos. Por ahora, hablar de un desalojo compulsivo para octubre aparece, de acuerdo con la información reunida, muy lejos del estado procesal de la causa.

También resulta llamativo que, ante el temor por una eventual medida judicial, los vecinos hayan elegido recurrir primero a la Municipalidad en busca de respuestas, cuando el expediente tramita en la Justicia y es allí donde deberían surgir las definiciones sobre la ocupación y sus eventuales consecuencias. Más aún cuando, hasta el momento, no existe una orden de desalojo ni personas imputadas en la causa.

La reacción de los vecinos tampoco aparece aislada de una historia reciente de ocupaciones de tierras en Viedma que terminaron generando respuestas institucionales por fuera de un desalojo compulsivo. En la ciudad son pocos los antecedentes de procedimientos de este tipo y, en los casos de ocupaciones colectivas, los procesos judiciales suelen extenderse durante años.

Uno de los antecedentes más cercanos es el de la ocupación de tierras ubicadas detrás de la caminera del IDEVI. Allí, un grupo numeroso de personas ocupó un predio perteneciente a un privado y, con el paso del tiempo, la salida del conflicto no estuvo dada por un desalojo sino por una intervención del Estado municipal para avanzar en la compra de las tierras.

El antecedente permite entender también por qué la respuesta institucional frente a una ocupación puede terminar siendo observada por otros sectores como una alternativa posible a un proceso judicial prolongado. En aquel caso, el propietario terminó vendiendo el inmueble al Municipio en un contexto en el que una disputa judicial contra numerosas familias podía extenderse durante años.

En el caso del barrio Perón, la situación todavía está lejos de ese punto. YPF es la propietaria de las tierras, la causa se encuentra en una etapa preliminar y la Justicia provincial aún debe avanzar sobre la eventual responsabilidad penal de quienes ocupan el predio. No existe una orden de desalojo y tampoco una definición judicial que permita anticipar cuál será el desenlace.

Lo que sí quedó expuesto tras la movilización de este viernes es que el temor de los vecinos y la respuesta del Municipio vuelven a plantear un escenario conocido en Viedma: familias que ocupan tierras, un proceso judicial que puede extenderse durante años y un Estado municipal que, aun reconociendo que se trata de un conflicto entre privados, expresa su disposición a acompañar a quienes ocupan el lugar.

La diferencia, en este caso, es que el expediente recién está comenzando a transitar la etapa provincial que quedó habilitada después de la resolución de la Corte Suprema en 2025. Por eso, cualquier escenario de desalojo aparece todavía como una instancia eventual y lejana, que dependerá de las decisiones que adopte la Justicia y no de una medida que esté actualmente en marcha.

Sobre el interés de YPF en recuperar esas tierras, la información extraoficial obtenida por este medio indica que habría interés de la empresa en instalar una nueva estación de servico como la ubicada sobre la Ruta 3