La polémica por la contratación e instalación del baño modular de la Feria Municipal de Viedma sumó un nuevo cruce político luego de que el concejal Julián Algañarás cuestionara el descargo presentado ante el Tribunal de Cuentas por el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón. El edil sostuvo que las explicaciones del funcionario no desarman los cuestionamientos planteados sobre el expediente y reclamó que la investigación avance hasta determinar si existió un perjuicio para las arcas municipales.

El planteo se produce después de que distintos funcionarios del Ejecutivo salieran a defender la actuación municipal. Algañarás apuntó particularmente contra Juanjo Rosso y María Eugenia Serra, quienes habían respondido públicamente a los cuestionamientos, y sostuvo que el funcionario que debía explicar el contenido del expediente, Calderón, finalmente lo hizo ante el órgano de control.

El concejal consideró que el descargo admite varios de los hechos que fueron puestos bajo análisis, aunque intenta encuadrarlos como cuestiones administrativas. Entre ellos mencionó el cambio de destino del módulo, que originalmente había sido previsto para El Cóndor y terminó instalado en la Feria Municipal, la incorporación de adicionales, la falta de documentación respaldatoria, las modificaciones presupuestarias y la ausencia del cartel de obra.

El expediente había quedado bajo la lupa de Algañarás a partir de una presentación ante el Tribunal de Cuentas, en la que planteó una serie de interrogantes sobre el procedimiento de contratación. Uno de los aspectos centrales estuvo relacionado con la empresa adjudicataria y un vínculo familiar con el intendente Marcos Castro, además de una coincidencia de domicilio que, para el concejal, debía haber obligado a extremar los mecanismos de transparencia.

Sobre ese punto, Algañarás cuestionó que las explicaciones oficiales no hayan avanzado sobre el fondo de la cuestión. Recordó que Rosso había reconocido públicamente el vínculo familiar, pero sostuvo que el expediente no explicaría por qué se contrató a una empresa vinculada al entorno del jefe comunal ni qué recaudos se adoptaron frente a esa situación.

Otro de los aspectos que volvió a plantear es el cambio de destino de la obra. El expediente se inició con la finalidad de instalar baños públicos en El Cóndor, pero posteriormente el módulo terminó destinado a la Feria Municipal de Viedma. Para el concejal, esa modificación requiere una explicación que vaya más allá de una justificación administrativa posterior.

La demolición de los baños que ya existían en la Feria también forma parte de los cuestionamientos. Algañarás sostuvo que, si el Municipio resolvió reemplazar una instalación existente por un módulo, debía contar previamente con un informe técnico que detallara el estado de los baños, el costo de una eventual reparación, el costo de la demolición y los fundamentos para optar por una nueva instalación.

A eso se suma el cuestionamiento por un adicional de aproximadamente 2,4 millones de pesos destinado a la construcción de un depósito. El concejal planteó que el descargo no explicaría de manera suficiente por qué esa necesidad no fue contemplada en la contratación original ni aportaría elementos que permitan establecer si el monto incorporado posteriormente resultaba razonable.

Otro punto señalado es la falta del cartel de obra, que estaba contemplado en el pliego y tenía un valor presupuestado de aproximadamente 289.711 pesos. Algañarás sostuvo que, si ese elemento no fue colocado pero igualmente fue certificado o abonado, podría existir un perjuicio económico para el Municipio que debería ser determinado.

Los cuestionamientos se suman a los que el concejal ya había formulado sobre el procedimiento de contratación, entre ellos la adjudicación por encima del presupuesto de referencia, la falta de una mejora de oferta pese a observaciones realizadas durante el trámite y la posterior incorporación de gastos que no estaban contemplados inicialmente.

En ese marco, Algañarás volvió a reclamar que el expediente no sea analizado solamente desde el cumplimiento formal de los pasos administrativos. “No alcanza con que funcionarios salgan a defender al Intendente por los medios. Lo que importa es el expediente”, sostuvo.

El concejal también consideró que el descargo de Calderón no despeja las dudas sobre el conjunto del procedimiento, sino que aporta explicaciones posteriores sobre decisiones que, a su entender, debieron estar respaldadas desde el comienzo por informes y documentación específica.

La discusión ahora queda nuevamente en manos del Tribunal de Cuentas, que deberá analizar la documentación y determinar los pasos a seguir. En las actuaciones ya se planteó la posibilidad de avanzar con una investigación, disponer un sumario, requerir nuevas medidas o resolver el archivo, de acuerdo con las conclusiones a las que llegue el organismo de control.

Para Algañarás, la cuestión central no pasa solamente por establecer si existió o no una incompatibilidad, sino por determinar si todo el procedimiento se ajustó a las reglas administrativas y si el Municipio sufrió algún perjuicio económico.

“El Municipio quiso cerrar el tema diciendo que no había incompatibilidad, pero cada explicación deja más dudas”, sostuvo el concejal. Y reclamó que el Tribunal de Cuentas investigue hasta el final y determine si hubo perjuicio económico para los vecinos de Viedma.