La Resolución 986, que establece la implementación de un sistema de control biométrico para el personal de Salud de Río Negro, permanece suspendida por una decisión judicial, aunque en distintos hospitales de la provincia el mecanismo continúa utilizándose. La situación generó nuevos planteos de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), que reclama el cumplimiento del fallo y cuestiona la falta de comunicación oficial por parte del Ministerio de Salud.

La secretaria general del gremio, Cesira Mullally, explicó que, tras conocerse la resolución judicial, la organización presentó notas en las distintas direcciones hospitalarias, acompañadas por una copia de la sentencia, para informar sobre la suspensión de la medida. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido una comunicación interna del Ministerio que instruyera a los establecimientos sobre cómo proceder.

La dirigente señaló que algunas direcciones respondieron que no tienen facultades para modificar o suspender la resolución. Frente a esa postura, ASSPUR planteó que el fallo judicial tiene vigencia desde su notificación y que no es necesario esperar una circular o una instrucción ministerial para cumplirlo.

En ese sentido, Mullally remarcó que la suspensión de la norma debe respetarse en todos los establecimientos alcanzados por la medida. También sostuvo que las autoridades hospitalarias no pueden desentenderse de una decisión judicial bajo el argumento de que no recibieron instrucciones de sus superiores.

Uno de los casos que genera preocupación en el gremio es el del hospital de San Antonio Oeste, donde el sistema de fichado biométrico comenzó a implementarse en agosto. Allí, de acuerdo con la secretaria general, el registro continúa funcionando como si la sentencia no existiera, pese a que la medida se encuentra suspendida.

Mullally explicó que la implementación del sistema estuvo acompañada por la posibilidad de aplicar sanciones, apercibimientos o descuentos salariales a quienes no cumplieran con el registro. Esa situación, afirmó, generó temor entre las y los trabajadores, que no están en condiciones de afrontar descuentos en sus haberes.

La dirigente indicó que gran parte del personal del hospital de San Antonio Oeste se registró en la plataforma por temor a las consecuencias de no hacerlo. Aclaró, además, que la implementación todavía no alcanza a los centros de atención primaria (CAPS), las delegaciones y otros espacios de trabajo extramuros, donde el mecanismo aún no se aplica.

En cuanto a la situación actual, Mullally sostuvo que, a partir del fallo, el uso del sistema debería ser voluntario, al menos hasta que se resuelva el recurso administrativo presentado por el gremio. La continuidad de la medida dependerá de los próximos pasos judiciales y administrativos, en un escenario en el que ASSPUR prevé que el Gobierno provincial podría apelar la decisión.

El reclamo por el uso de datos biométricos

Uno de los principales cuestionamientos de ASSPUR está vinculado con la entrega obligatoria de datos biométricos del personal de Salud. Mullally rechazó los argumentos oficiales que sostienen que el sistema no almacena fotografías, sino representaciones matemáticas de los rasgos faciales.

La secretaria general explicó que, aunque la información se procese mediante ecuaciones matemáticas, los datos siguen derivando de características biométricas personales de cada trabajador y trabajadora. Por ese motivo, reclamó que se respete la decisión individual de quienes no quieran proporcionar esa información.

La dirigente aclaró que el gremio no se opone al control de ingreso, egreso y permanencia en los lugares de trabajo. Por el contrario, afirmó que se trata de una cuestión que ASSPUR planteó desde el inicio de las conversaciones con el Gobierno provincial.

Sin embargo, consideró que ese objetivo puede alcanzarse mediante herramientas de control que ya están disponibles en el Estado, sin necesidad de incorporar un sistema biométrico ni de exigir la entrega de datos personales. En ese marco, reclamó que se habiliten alternativas para quienes no deseen utilizar el mecanismo.

Como ejemplo, Mullally comparó la situación con el uso de billeteras digitales, a las que las personas pueden acceder de manera voluntaria. En ese sentido, sostuvo que la utilización de datos biométricos debería estar sujeta a la misma posibilidad de elección, sin que la negativa implique consecuencias laborales.

Un recurso administrativo sin respuesta

La secretaria general también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial a los planteos formales realizados por el sindicato. Recordó que el 4 de agosto, luego de que se conociera la resolución que establecía el sistema, ASSPUR presentó notas ante el Ministerio de Salud, Recursos Humanos y las distintas direcciones para solicitar información sobre su funcionamiento.

Entre los interrogantes planteados estaban quiénes serían responsables de recolectar los datos, dónde se almacenarían, qué organismo tendría a su cargo su administración y resguardo, y qué sucedería con esa información una vez finalizado el vínculo laboral de cada trabajador o trabajadora.

Ese mismo día, el gremio presentó un recurso jerárquico para solicitar la suspensión de la aplicación de la norma, con una serie de fundamentos vinculados con la protección de los datos personales y la obligatoriedad del registro.

Mullally señaló que, al momento de la entrevista, el Gobierno todavía no había respondido ese planteo. Explicó que la falta de resolución administrativa fue uno de los elementos que llevaron al sindicato a recurrir a la Justicia, en un escenario en el que los plazos para obtener una respuesta estatal se superponen con las exigencias impuestas al personal de Salud.

La dirigente precisó que, mientras el procedimiento administrativo contempla un plazo de respuesta que puede extenderse hasta 90 días hábiles, a los trabajadores se les exigía comenzar a utilizar el sistema en un plazo de 15 días, bajo la posibilidad de recibir sanciones.

El fallo judicial que dispuso la suspensión de la Resolución 986 se produjo a partir de una presentación realizada por ASSPUR a comienzos de septiembre. La medida se mantendrá vigente hasta que se agote la vía administrativa, instancia que todavía se encuentra pendiente.

Más allá de la discusión sobre la privacidad de los datos, Mullally también puso en duda que el fichado biométrico esté cumpliendo con el objetivo de garantizar el control horario en los hospitales.

La secretaria general sostuvo que, en los establecimientos donde ya se implementó, existen situaciones en las que algunos agentes se registran, pero no necesariamente cumplen con todos los pasos del sistema, como marcar la salida. También señaló que hay sectores del personal que quedan excluidos del mecanismo, como quienes trabajan en los CAPS o quienes tienen modalidades laborales diferentes.

A partir de esos ejemplos, consideró que el sistema no garantiza un control uniforme de los horarios y cuestionó que se exija su utilización a determinados trabajadores mientras otros sectores quedan al margen de la medida.

Mullally planteó que las autoridades hospitalarias cuentan con distintas instancias de supervisión para verificar el cumplimiento de las jornadas laborales. Mencionó a las jefaturas de servicio, de área, de Recursos Humanos y a las direcciones de los establecimientos como responsables que pueden intervenir en el seguimiento del personal.

También señaló que existen tareas, como las de Enfermería, en las que el cumplimiento del horario está directamente vinculado con la organización de las guardias y la continuidad de la atención. En esos casos, explicó, el personal debe permanecer en su puesto hasta que se concrete el relevo correspondiente.

Para la dirigente, los mecanismos de registro pueden ser diversos y no necesariamente requieren el uso de datos biométricos. En ese sentido, insistió en que el Gobierno podría implementar otros instrumentos que permitan dejar constancia del ingreso y egreso sin obligar al personal a entregar información personal.

Al cierre de la entrevista, Mullally reiteró que el fallo judicial continúa vigente y que la Resolución 986 está suspendida, por lo que las y los trabajadores no deberían recibir sanciones por negarse a utilizar el sistema mientras se mantenga esa situación.