“No me sorprende la actitud de Grandón. La del ‘76 fue una dictadura cívico militar con importante respaldo de la sociedad civil porque acompañaron y se prestaron para ella”, añadió el funcionario en Frecuencia VYP.
Dijo que “ahora lo niegan, lo minimizan, utilizando expresiones como ‘estaba, pero era técnico’ y no se hacen cargo de la noche mas atroz para los argentinos”.
Berardi sostuvo que “es una continuidad de la actitud del PPR, ya que en este año electoral realizaron acusaciones, ofensas e impugnaciones para tratar de complicar el proceso democrático y la libre elección de los ciudadanos”.
“Uno ha visto a lo largo de estos últimos tiempos el triste papel del presidente del Centro Cívico”, dijo por Pedro Suárez, quien “anunció que sería legislador por el circuito para luego correrse facilitándole el lugar a Mario de Rege, o en la actualidad trajinando pasillos para buscar respaldo para Carlos Grandón, el concejal electo del PPR”.
“No le ofrecían a cualquiera ser funcionario, no a cualquier empleado, tenía que comulgar con esto”. Sobre el argumento de inocente juventud que esgrimió Grandón, dijo Berardi que muy por el contrario, “el común denominador era que eran perseguidos los jóvenes” y destacó que los nietos recuperados dan cuenta de la edad de las madres desaparecidas -de 17, 18 o 20 años- .No era frecuente que los jóvenes fueran funcionarios de la dictadura”.

Liliana Andaloro

Liliana Andaloro es concejal reelecta de la ciudad de Viedma, pero además fue una de las personas que sufrió los rigores de la última dictadura. Consultada también en Frecuencia VYP sobre el tema Carlos Grandón, fue taxativa: “Hay que cumplir con lo que dice la Carta Orgánica municipal”.
Andaloro recordó que “en esa misma época trabajaba para el Plan de Salud de la provincia de Río Negro”. Mencionó que llegó a Río Negro a los 23 años y que el golpe militar la encontró desempeñándose como odontóloga en la localidad de Valcheta. “A muchos de los que trabajábamos en el plan de salud nos aplicaron prescindibilidades, nos obligaron a renunciar, caímos en una volteada donde pasamos a ser peligrosos para la sociedad por estar trabajando en un área de salud, en un programa para un gobierno democrático”.
La actual concejal debió reflotar su título de maestra, ya que tanto ella como su marido fueron declarados prescindibles. “En esos años lo pasamos muy mal”, se acordó.
“Acá hay muchas responsabilidades compartidas –dijo sobre el caso Grandón- esta situación no debió haber existido porque de entrada se le debió haber declarado la incompatibilidad”.
También cargó contra el titular del Centro Cívico del PPR, Pedro Suárez, ya que “como convencional constituyente participó de la redacción de la Carta Orgánica municipal,  que taxativamente expresa que los ex funcionarios de gobiernos no constitucionales no pueden ejercer cargos públicos”.