Sorpresivo giro judicial en una causa contra Bardeggia

De un delito con una pena considerable bajó a apenas una falta administrativa

Comentar De fraude a la administración pública a incumplimiento de los deberes de funcionario público: así fue bajada la imputación que durante seis años pesó sobre el ex diputado nacional Luis Bardeggia, de cuando fue interventor del IPPV, en 2012.

La denuncia que pesaba sobre él fue originada por una denuncia que en aquel tiempo hizo el ex legislador radical, Alejandro Betelú, en contra de Bardeggia por una causa que denunciaba un supuesto irregular intercambio de lotes de una superficie total de 40 mil metros cuadrados entre con la Municipalidad de General Roca, que le habría causado un perjuicio económico al IPPV.

Cuatro jueces coincidieron en “fraude a la administración pública”, empezando en el 2015 con el procesamiento dictado por Fabio Igoldi y ratificado al otro año por la Cámara en lo Criminal -integrada por Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Carlos Reussi- aunque este tribunal anuló el “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Estableció así una revisión por parte de la Fiscalía y se ingresó en el nuevo Código procesal, cuya estrategia se confirmó ayer cuando el fiscal Juan Pedro Peralta afirmó no tener pruebas para sostener la acusación de fraude y planteó el incumplimientos del artículo 249, que equivale a un mes de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 12.500 pesos. Propuso un abreviado que fue aceptado por los defensores Juan Carlos Chirinos y Angel Curci. Falta ahora la resolución del juez Adrián Dvorzak.

Oportunamente la Cámara dijo que Bardeggia dispuso "de manera inapropiada" las tierras de la Provincia y que le generó al Estado un perjucio económico al favorecer “indebidamente” al municipio de Roca. Explica que el predio cedido “estaba valuado en casi 16 millones de pesos” y el entregado “solo trepaban a un poco más de cuatro millones”.

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