La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, inició una investigación para determinar la posible existencia de conductas administrativas irregulares de funcionarios públicos y la posible existencia de transgresiones a normativas y perjuicios al erario público, en el Jardín 120 de Cipolletti, la Escuela N° 168 “Francisco Rival” de General Roca, y la Escuela N° 267 de San Carlos de Bariloche. 

Según informaciones periodísticas de medios provinciales, en el Jardín 120 los alumnos se quedaron más de 9 días sin clases porque la empresa prestadora de gas retiró el medidor por falta de medidas de seguridad y condiciones edilicias irregulares. 

En el caso de la Escuela N° 168 “Francisco Rival” de General Roca, desde la FIA se también se investigarán presuntas  irregularidades del Ministerio de Educación en las condiciones edilicias como inconvenientes en la instalación eléctrica y calderas, peligro de derrumbe en los paredones, y la falta de seguridad para los alumnos. Además, se determinará la falta de respuestas de la Delegada del Consejo Provincial de Educación en esa localidad, según denunciaron padres y docentes en los medios.

En ese sentido, desde el órgano de control que dirige Marcelo Ponzone, pretenden determinar en las tres instituciones si desde el Ministerio de Educación existieron conductas irregularidades y responsabilidad en el cierre del jardín, con consecuencias para los alumnos.

La medida preliminar tomada por la Fiscalía, fue requerir al Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro un informe en donde debe explicar si se encuentra dictando clases con normalidad o no, además de señalar durante qué períodos se suspendieron y por qué motivos.

Por otro lado, el Ministerio que conduce Mónica Silva, deberá informar si se realizaron trabajos en el jardín como consecuencia del amparo presentado por los padres de los alumnos, y si existieron reclamos por la comunidad y qué medidas adoptó al respecto. 

Además, en el caso puntual del Jardín de Cipolletti, y la Escuela 26 de Bariloche, desde la Fiscalía se informó a la Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Nadina Díaz, a fin de que tome intervención en el marco de sus competencias, teniendo en cuenta que el derecho a la educación puede encontrarse afectado. 

Desde el órgano de control, se han iniciado investigaciones de diversas escuelas de la provincia, a partir de hechos irregulares y por condiciones edilicias en malas condiciones como cuatro instituciones de El Bolsón.