El proyecto de presupuesto 2017 ingresado a la Cámara de Diputados prevé para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) un presupuesto de $ 5112 millones. Esto representa una reducción sobre lo requerido de $1.140 millones que, sin duda, afectará el funcionamiento y el cumplimiento de los compromisos institucionales.
 
Solo en la provincia de Río Negro funcionan 3 Estaciones Experimentales Agropecuarias del INTA (más de 50 en todo el país), ubicadas en las localidades de Viedma, Allen y Bariloche. De ellas dependen 17 Agencias de Extensión Rural que se encuentran distribuidas por todo el territorio rural de Río Negro y Neuquén. Tiene como antecedente histórico, la Estación Experimental de J. J. Gómez (Alto Valle) creada en 1913.
 
De acuerdo a la información suministrada por el Secretario General del Gremio de los Trabajadores del INTA (APINTA), ésta reducción presupuestaria, que se produce sobre una Planta que sólo se incrementó un 2,5% en los últimos 5 años, implicaría $218 millones menos para salarios de profesionales y científicos, una amenaza directa a 300 contratos y 330 Planta no Permanente, además de 340 becarios de formación que no podrán ser incorporados a la Institución a partir del 1º de enero 2017.
 
Reducir los recursos económicos y humanos en el INTA significa, entre otras cosas: menos presencia institucional en el territorio, por consiguiente productores y familias en las economías regionales con una asistencia técnica reducida; proyectos de investigación demorados o postergados, con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años; menos mantenimiento de edificios y equipamiento de alta tecnología; menos recursos para mantener en funcionamiento bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas; retraso en investigaciones estratégicas; imposibilidad de cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en proyectos de importancia como cambio climático, biotecnología, sanidad animal y terapéutica vegetal; obras de Laboratorios y edilicias en todo el país demoradas o suspendidas; imposibilidad de actualizar la obsoleta flota de vehículos de trabajo y transporte de personal
 
Odarda manifestó su rechazo ante la posibilidad de una mayor precarización laboral y los posibles despidos en el Instituto, del que dependen de forma directa cerca de 500 familias, sólo en Río Negro y Neuquén. A su vez, expreso profunda preocupación por el impacto negativo que puede generar en el pequeño productor agropecuario y en las economías regionales de la norpatagonia y de todo el país.