El Presupuesto Nacional 2026 aprobado por el Congreso plantea una reducción significativa de recursos en áreas centrales del Estado y, según la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), limita la capacidad de funcionamiento de organismos públicos clave. El sindicato sostuvo que el esquema presupuestario impactará en la prestación de servicios y en políticas orientadas a distintos sectores de la población, incluidas personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores y trabajadoras del ámbito científico.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que la norma “reduce a la mínima expresión la capacidad del Estado” y advirtió sobre el alcance de los recortes previstos. En ese sentido, señaló que la disminución de partidas afecta a áreas como ciencia y tecnología, salud, educación, defensa y políticas sociales.

Desde el sindicato detallaron que la comparación entre el presupuesto proyectado para 2026 y lo ejecutado en 2023 muestra caídas en la Función Ciencia, Tecnología e Innovación (-48,8%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-27,0%), el CONICET (-39,0%), Educación y Cultura (-47,3%) y las asignaciones familiares (-87,5%). También se registran reducciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión y asignación de becas estudiantiles (-76,6%), entre otros rubros.

En contraste con esas disminuciones, ATE indicó que el presupuesto destinado a los servicios de inteligencia, correspondientes a la ex SIDE, presenta un incremento real del 19% en el mismo período. Aguiar cuestionó esta evolución y sostuvo que se trata de la única partida con crecimiento, mientras el resto de las áreas estatales afronta recortes.

El dirigente también se refirió a la proyección oficial de inflación del 10,1% para 2026 incluida en la ley, en un contexto de suba de precios registrada desde mayo. Según expresó, esa estimación tendría impacto en la actualización de salarios y jubilaciones previstas en el esquema presupuestario.

Otro de los puntos señalados por el gremio es la eliminación de pisos mínimos de financiamiento para distintas políticas, entre ellas el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), cuyo umbral del 0,8% del gasto presupuestario dejaría de ser obligatorio. Para ATE, esta decisión profundiza desequilibrios en la distribución de recursos y limita la planificación de inversiones a mediano plazo, con efectos sobre el federalismo fiscal.

Finalmente, desde el sindicato plantearon que el debate parlamentario dejó expuestas posiciones divergentes dentro del Congreso respecto del acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo. En ese marco, ATE anticipó que continuará analizando el impacto del Presupuesto 2026 en el empleo público y en la provisión de servicios estatales, en un escenario que consideran de fuerte reconfiguración del rol del Estado.