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Después de su lamentable performance en el examen en el que intentó catapultarse al cargo de Defensor General el ministro de Seguridad de Río Negro Gastón Pérez Estevan sigue dando la nota negativa. En esta oportunidad su ofrecimiento de suspender las recorridas policiales en un barrio de Bariloche, por las repetidas denuncias de apremios que derivaron en un hábeas corpus, motivaron en las últimas la presentación formal de un pedido de juicio político ante la Sala Acusadora de la Legislatura.
La presentación fue radicada hoy por el abogado Favio Igoldi quien apuntó la "falta de apego a sus principales obligaciones organizar y dirigir las políticas de seguridad incluyendo el manejo de la policía provincial" de parte de Pérez Estevan.
"Los hechos por los que peticiono el juicio político no obedecen a su desconocimiento del derecho fehacientemente comprobados en su examen escrito cumplido ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro el cual reprobó", refirió el abogado viedmense.
Igoldi fundamentó el pedido en el accionar del ministro en el marco de la causa BG y otros sobre habeas corpus, instruida a pedidos de vecinos de un barrio de Bariloche que constatemente se veían atemorizados por apremios y excesos del personal policial.
"Atento el requerimiento de los reclamantes, de los eventuales hechos de hostigamiento o agresiones o amenazas inminentes que provoca la presencia policial en la zona urbana de situación, una de las alternativas que pueden manejarse desde la jefatura de Policía es excluir del diagrama policial los rondines, patrullas motorizadas y peatonales en el barrio Virgen Misionera", refirió Igoldi.
El promotor del juicio político al devaluado ministro encuadro esta situación "en una conducta inédita y reñida con sus obligaciones legales propone concretamente liberar la zona de seguridad y no brindar el servicio público de seguridad que se encuentra bajo su exclusivo cargo".
La sola afirmacion, para Igoldi implica, "una falta grave que amerita el inmediato abandono del cargo de parte del ministro", y en el escrito además expresó su temor "de que haya quitado parte del diagrama de prevención de delitos en la zona en crisis".
"La jueza Marcela Pájaro tildó el dicho de amenaza velada, no lo comparto fue una afirmación concreta sin velos", remarcó el letrado viedmense.
Consideró que con sus dichos Pérez Estevan violentó "obligaciones establecidas en la ley 4.200 proteger la integridad física de las personas y sus bienes; promover y coordinar los programas de disuación y prevención de delitos".
Igoldi reclamó a la Sala Acusadora de la Legislatura iniciar el proceso de juicio político, citar a la Jueza Pájaro a declarar y tomar como pruebas copias del expediente del hábeas corpus, y el parte diario y libros de móviles policiales anteriores y posteriores a la afirmación del ministro para verificar si además de sugerir un acto ilegal lo cumplió".
19 diciembre 2025
Río Negro