Al cumplirse hoy seis años de la primera marcha de “Ni una Menos”, el bloque del Frente de Todos insistió con la necesidad de instalar una agenda pública y legislativa que tome las demandas de las organizaciones sociales y las traduzca en proyectos que amplíen los horizontes de derechos humanos de las mujeres y disidencias.

En ese sentido, la bancada que preside María Eugenia Martini recordó numerosas iniciativas presentadas en este año y medio de gestión vinculadas al reconocimiento de derechos de mujeres y personas de la diversidad, que apuntan a otorgar autonomía económica y acceso a recursos, a la protección integral, asistencia y contención en situaciones de violencia de género, a la participación y representación en la toma de decisiones públicas, a la promoción de la transformación cultural a través de la deconstrucción de los patrones culturales que sostienen las desigualdades, entre otras temáticas.

Por ejemplo, se mencionó el proyecto de ley integral Trans, la modificación de la ley de presupuesto para esté pensado desde una perspectiva de género, la reforma de la norma que crea el Observatorio de Violencia contra las Mujeres para que incluya a la diversidad, entre otras.

El 3 de Junio del 2015 marcó una bisagra en las luchas feministas, donde los silencios por las violencias machistas comenzaban a ser sepultados. El femicidio de Chiara Páez llevó al límite a una sociedad: miles de mujeres en las calles modificaban un mapa urbano que tendría ecos impensados en todas las ciudades de nuestro país y la región.

“Ni una menos” se dijo en todas las lenguas y se inscribió en culturas tan diversas como impensadas. Ese 3 de junio, y los que vinieron después, fue masivo y transversal como las manifestaciones que se producen cada 24 de marzo. Entre estas dos fechas hay un punto fundamental: construir entre todos y todas “un nuevo Nunca Más”.

Este año, el reclamo colectivo apunta, entre otras cuestiones, a la urgencia en modificar las prácticas y contar con una justicia que realmente intervenga con perspectiva de género. Es una necesidad aplicar la Ley Micaela y garantizar el desarrollo de capacitaciones en género para los y las integrantes del Poder Judicial. También lo es contar con mayor participación de mujeres en puestos jerárquicos y de toma de decisión en los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y, en particular, en los órganos colegiados.

Es imperioso eliminar las dificultades que tienen a diario las personas en situación de violencia por motivos de género para acceder a la justicia. Las falencias en este sentido son múltiples y se reflejan en la falta de patrocinios jurídicos gratuitos, en los modos actuales de intervención en causas relativas a violencia por motivos de género y en la carencia de unidades fiscales especializadas para la investigación de delitos relativos a la violencia por motivos de género.

Pero también se reflejan en la necesidad de que quienes integran los sistemas de administración de justicia actúen en el ejercicio de sus funciones con una escucha empática, que no revictimicen, que tomen medidas acordes a cada caso, que generen procesos judiciales ágiles, que investiguen los hechos teniendo en cuenta los contextos de violencia de género, entre otros.

“Aún queda un largo camino por recorrer, porque las cifras de femicidios en nuestro país continúan mostrando la necesidad de profundizar la modificación de aspectos estructurales del entramado social que sostiene las violencias.  Hubo más de 250 femicidios en el 2020, según el registro de la Corte Suprema, uno cada 35 horas. Si bien no se incrementaron en el contexto de pandemia, aún es una cifra desgarradora”, manifestó el bloque.

Las definiciones del presidente Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo,  impulsando la necesidad de que la violencia de género sea una política de Estado y una política de la sociedad, comparándola con el consenso social referido a las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia”, marcan el posicionamiento del Estado Argentino en relación a la intolerancia a las violencias machistas.

El presidente puso en el corazón de la política pública la perspectiva de género: por primera vez existe un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es claramente una conquista de las luchas feministas y un compromiso del Estado con los derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Su tarea permitió avanzar en programas como el “Acompañar”, el de “Igualdad en la Diversidad”, el acuerdo federal contra las violencias de género, la creación del sistema integrado contra los femicidios, entre otras políticas públicas.

“Este presente nos obliga, nos exige, nos responsabiliza. La equidad, la igualdad, la paridad, no alcanza con legislarla, desearla y nombrarla, es necesario construirla. Construirla implica incidir en construcciones políticas y en el diseño de políticas públicas que cuiden la salud, que posibiliten la soberanía sobre los cuerpos, la vida, los proyectos, la economía, los cuidados”, concluyeron los y las integrantes del bloque.