La funcionaria explicó que la normativa vigente hasta ahora había quedado desactualizada frente a las transformaciones del mundo laboral, especialmente tras la pandemia. En ese sentido, subrayó que la nueva ley incorpora herramientas vinculadas a la digitalización, como expedientes electrónicos, fiscalización remota y el uso de tecnología en inspecciones, incluyendo registros audiovisuales. “Hoy tenemos que controlar modalidades como el teletrabajo o las plataformas digitales, que no estaban contempladas en la legislación anterior”, indicó en una entrevista realizada en el programa Raíz Informativa, que conduce Pedro Caram.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el cambio en el enfoque de las sanciones. A partir de ahora, se establece una instancia previa de conciliación denominada “regularización laboral”, que permite a los empleadores corregir infracciones antes de recibir multas. “Buscamos que más trabajadores ingresen al sistema formal, con aportes y cobertura social. Si hay voluntad de regularizar, evitamos la sanción”, explicó Avilez. Sin embargo, advirtió que, en caso de incumplimiento, las penalidades serán más severas y estarán medidas en nuevas unidades vinculadas al sistema judicial.

La ley también contempla la creación de un registro de infractores laborales y la implementación de un portal digital para empleadores, que permitirá realizar trámites de manera completamente online. Además, se refuerza el rol conciliador de la Secretaría, que actúa como instancia prejudicial obligatoria antes de cualquier juicio laboral, tanto en el ámbito público como privado.

En relación a los trabajadores, Avilez remarcó que la normativa apunta a mejorar las condiciones laborales, especialmente en casos de informalidad o precariedad. “No solo se trata de registrar al trabajador, sino de garantizar condiciones dignas en términos de higiene y seguridad”, sostuvo. También mencionó la existencia de canales de denuncia virtuales y confidenciales, pensados para proteger a quienes temen represalias.