El fallo fue de Defensa del Consumidor de Río Negro, que depende de la Secretaría de Comercio de la Provincia, intervino en la denuncia de un inquilino de Fernández Oro al que le cobraron la comisión inmobiliaria, cuando hay una ley vigente que señala que es un cobro que debe realizar el propietario. Para los inquilinos, significa un mes más de alquiler para ingresar a una vivienda.

El Mercado Inmobiliario se lleva de manera ilegal unos 912.5 millones de alrededor 36.500 contratos. “Si el Estado controlara esa ilegalidad, podría captar parte de esa rentabilidad que proviene de los inquilinos y planificar la construcción de viviendas autofinanciada por los propios interesados”, señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos.

 La intervención de Defensa del Consumidor reconoce una cosa fundamental: la vigencia de la Ley Provincial 2051, que crea al Colegio de Corredores y Martilleros Públicos en Río Negro, y regula su actividad. En su artículo 26, inciso G, señala que la comisión inmobiliaria debe pagarla el propietario. En la ciudad de Fernández Oro, una inmobiliaria tuvo que devolver ese cobro ilegal a un inquilino que hizo la denuncia, pero además tuvieron que destruir un pagaré que le habían hecho firmar (en concepto de depósito), y reconocer que las Tasas Municipales las paga el propietario (incluso si ese cargo figura en el contrato) ya que la Ley Nacional de Alquileres lo prohíbe explícitamente.

“Este es un revés del Mercado Inmobiliario en Río Negro que sienta un precedente, y marca que un camino para cientos de miles de inquilinos e inquilinas utilicen los mecanismos del Estado para que se cumpla la Ley, y para poder alquilar de forma justa”, señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos. “El Mercado Inmobiliario se lleva de manera ilegal unos 912.5 millones de alrededor 36.500 contratos, si se hiciera un promedio del valor del alquiler de 25 mil pesos. Todos sabemos que los precios están mucho más arriba”.

El inquilino, Julián Otero, señaló que “al tomar conocimiento de la nueva ley de alquileres, posterior a la firma del contrato, realicé el reclamo vía mail directamente a la inmobiliaria comentándole  que me estaban cobrando de forma indebida la comisión, y que me habían hecho firmar un pagaré que está por fuera de la ley. Ellos todo el tiempo negaron esa situación y argumentaron que me estaban cobrando sus servicios profesionales; viendo que no tuve una respuesta favorable y que la inmobiliaria insistía en que yo debía pagar el 50% restante de la comisión, opté por presentar mi denuncia en la agencia de Defensa al Consumidor de la ciudad de Roca, que luego complementaría con una carta documento directamente a la inmobiliaria”.

Además, señaló que “este 23 de junio del 2021, recibo la notificación vía mail de la agencia de defensa al consumidor con un archivo adjunto donde estaba la declaración de la inmobiliaria asesorada por un abogado, y en esos puntos proponían devolverme el dinero que me habían cobrado de la comisión inmobiliaria y desconocían el pagaré”.

“Hay una ley vigente que no se está cumpliendo y al mismo tiempo nosotros no hacemos valer nuestros derechos si optamos por no reclamar y quedarnos de brazos cruzados, por eso les digo a los inquilinos, que no dejen de reclamar, que hay una manera”, aseguró el inquilino.

El valor de la comisión es, generalmente, de un mes de alquiler. Esto impacta a la hora de ingresar a una vivienda, ya que implica poner un promedio de 120 mil pesos para ingresar a una vivienda (si el valor del alquiler es de unos 30 mil pesos), sin contar los gastos de mudanza.

“Si el Estado controlara esa ilegalidad, podría captar parte de esa rentabilidad que proviene de los inquilinos y planificar la construcción de viviendas autofinanciada por los propios interesados”, Díaz.

“Debemos existir una política pública para el ingreso, la permanencia y la salida de una vivienda en alquiler. Regular la comisión, le permite a las familias ingresar más fácilmente”, señaló Díaz.