El Gobierno de Río Negro deberá responder sobre las contrataciones realizadas entre 2022 y el 30 de septiembre de 2026, a partir de un pedido de informes que busca establecer si se cumple la normativa que prioriza a las universidades públicas con presencia en la provincia para la prestación de servicios profesionales y técnicos.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, junto con Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao. También acompañaron el requerimiento Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García, integrantes de la bancada PJ–Nuevo Encuentro.

El planteo apunta a determinar si el Ejecutivo provincial cumple con la Ley 4754, que establece la contratación preferencial de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para tareas de asesoramiento, consultoría y capacitación. “Queremos saber si Weretilneck está cumpliendo la ley o si está utilizando recursos públicos para contratar servicios por fuera de nuestras universidades, que tienen capacidad, conocimiento y profesionales formados en Río Negro”, sostuvo Berros.

El legislador también vinculó el reclamo con la situación económica y financiera de las universidades nacionales y cuestionó que la Provincia avance en acuerdos con instituciones extranjeras mientras debe garantizar, según planteó, el cumplimiento de la normativa que prioriza a las casas de altos estudios públicas.

El acuerdo con una institución francesa

Uno de los antecedentes señalados por el bloque es el acuerdo de cooperación que el gobernador Alberto Weretilneck firmó en París con el IAE Paris-Sorbonne, destinado a planificar el desarrollo de las ciudades rionegrinas frente al crecimiento de las inversiones energéticas.

A partir de ese convenio, los legisladores cuestionaron las prioridades del Ejecutivo y reclamaron precisiones sobre la aplicación de la ley provincial. El pedido busca determinar si las universidades nacionales radicadas en Río Negro fueron convocadas para realizar tareas comprendidas en las funciones previstas por la normativa.

El requerimiento solicita información sobre la cantidad de contrataciones adjudicadas a la UNRN, la UNCo y sus respectivos centros de investigación, además de las realizadas con consultoras privadas. También exige detalles sobre los montos involucrados, los proveedores, los procedimientos de selección y los plazos de ejecución.

Otro de los puntos incluidos es la constitución y el funcionamiento del Consejo Coordinador previsto por la Ley 4754. Los legisladores buscan conocer qué medidas se adoptaron para poner en práctica ese mecanismo y cuál es su intervención en la aplicación de la normativa.

El pedido de informes también incluye consultas específicas sobre el programa Río Negro Bilingüe, con especial atención a la participación de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Los legisladores solicitaron que se expliquen los motivos por los cuales no se encomendó a las universidades públicas el desarrollo integral o parcial de la propuesta. Además, reclamaron información sobre los recursos destinados a plataformas digitales, capacitación y asistencia técnica.

El requerimiento incorpora la solicitud de los convenios firmados con la UNCo y con la empresa EDIR Emprendimientos, así como los informes de seguimiento y evaluación del programa. “No alcanza con firmar convenios y anunciar acuerdos. Hay que explicar cómo se utilizan los recursos públicos, a quiénes se contrata y por qué. Queremos transparencia y que se respete una ley que busca fortalecer a nuestras universidades públicas”, afirmó Berros.

Con esta iniciativa, los bloques buscan obtener información detallada sobre la política de contrataciones del Ejecutivo provincial y conocer el grado de cumplimiento de la ley. La respuesta permitirá establecer qué instituciones fueron convocadas, qué recursos se destinaron a esos servicios y cómo se instrumentó la aplicación de la normativa durante el período comprendido entre 2022 y septiembre de 2026.