La Unidad Popular (UP) elaboró un proyecto de ley para que los funcionarios deban atenderse obligatoriamente en hospitales públicos y que sus hijos concurran únicamente a colegios estatales. "Los gobernantes y legisladores no van a estar comprometidos con los sistemas públicos de salud y educación hasta que se traten en hospitales y lleven a sus hijos a colegios estatales”, señaló el Presidente del partido, Rodolfo Aguiar.
"Con funcionarios que envían a sus hijos a escuelas privadas o se atienden en clínicas de esta modalidad, no podemos esperar que el sistema estatal mejore. No vamos a tener un sistema sanitario eficiente si los máximos responsables de garantizar esos servicios y sus familias no los usan. No podemos esperar que quienes gobiernan piensen en las condiciones edilicias de las escuelas o en la importancia que los docentes tengan un sueldo digno si sus hijos o nietos jamás pisaron una”, apuntó el dirigente.
La norma busca actuar sobre quienes ocupen cargos de gobernador, vicegobernador, legislador, miembro del Superior Tribunal de Justicia, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los Órganos de Control, extendiendo esta responsabilidad también a ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo.
Aguiar evaluó que “quien ocupa un cargo electivo o decide aceptar uno no puede ejercer la libertad de elegir a qué escuela enviar a sus hijos o en qué centro de salud atenderse” y agregó: “La obligatoriedad también debe alcanzar a quienes legislan sobre políticas públicas y a los encargados de juzgar la falta de ellas".
Mediante esta iniciativa, se busca que los políticos en función tengan un acercamiento más directo al sistema público ya que la mayoría desconocen el estado en que se encuentran las escuelas o lo que significa atenderse en un hospital público. Esto muchas veces se traduce en un estado de abandono notorio de las infraestructuras, calidad de servicios y del bienestar de sus trabajadores. Por eso, buscarán reglamentar estas obligaciones en forma de ley a través de la legislatura provincial.
El proyecto detalla que las personas alcanzadas por la misma deberán presentar anualmente una declaración jurada con los datos de sus hijos menores de 18 años indicando a qué establecimiento educativo asisten. Podrán hacerlo hasta antes del último día hábil de marzo de cada año y, de no presentarlo en tiempo y forma, se establecerá una serie de sanciones además de la imposibilidad de seguir ejerciendo el cargo.
Esta es la segunda de las 10 propuestas previstas por la UP para la ciudadanía de cara a las próximas elecciones provinciales, siendo la primera la reforma del Consejo de la Magistratura elaborada a partir de un plebiscito en el que participaron 14 mil rionegrinos.
22 marzo 2024
Elecciones