Alejo Ramos Mejía, primer candidato de +Bariloche Sumar Sur para la Convención Constituyente de Bariloche, propuso incorporar en la nueva Carta Orgánica Municipal una cláusula específica para que el cierre definitivo del vertedero se convierta en una obligación para todas las gestiones municipales.

La iniciativa se suma a las propuestas que el espacio viene presentando de cara a las elecciones del 1 de noviembre, cuando se elegirán 15 convencionales titulares y 15 suplentes para reformar la norma institucional de la ciudad. La alianza está integrada por el Frente Renovador, SUMAR y el partido municipal SUR.

La propuesta fue denominada “Cláusula Vertedero” y apunta a fijar obligaciones sobre continuidad, financiamiento y responsabilidad política en una problemática ambiental que lleva años sin resolución. “Durante años escuchamos promesas, anuncios y fechas de cierre que nunca se cumplieron. Los gobiernos pasan, pero el vertedero sigue ahí. Queremos terminar con esa historia”, sostuvo Ramos Mejía.

La cláusula plantea que ningún gobierno municipal pueda abandonar, suspender sin justificación o retroceder en la política pública destinada al cierre del actual vertedero. También propone establecer etapas, plazos concretos y mecanismos de control ciudadano.

Financiamiento y responsabilidad

Uno de los puntos centrales es la creación de un fondo anual obligatorio. Cada presupuesto municipal debería incluir una partida específica del 5% para obras, acciones y programas vinculados con el cierre del vertedero.

Ramos Mejía planteó que el financiamiento no puede quedar sujeto a la voluntad del intendente de turno. “No queremos otra promesa electoral. Queremos una obligación constitucional municipal. Que cerrar el vertedero deje de depender de quién gobierna y pase a ser una responsabilidad que nadie pueda eludir”, señaló.

La propuesta también prevé una instancia de responsabilidad institucional. El incumplimiento grave e injustificado de esas obligaciones podría constituir causal de remoción de las autoridades responsables, mediante el procedimiento correspondiente y con derecho de defensa.

Además, la iniciativa contempla avanzar hacia un sistema regional de tratamiento y disposición final de residuos, con participación de las jurisdicciones involucradas. En ese marco, propone analizar el uso del transporte ferroviario para trasladar los residuos no recuperables a un sitio ambientalmente habilitado.