La Red Patagónica de Defensorías del Pueblo se reunió en los últimos días y analizó el impacto que generaría en los hogares la aplicación de las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación, en las que se autorizan aumentos tarifarios desproporcionados del servicio de gas natural. Estas medidas significan un grave retroceso como política pública, ya que no tienen en cuenta el universo de usuarios que viven en zonas donde las bajas cuando no extremas temperaturas requieren del uso del servicio en condiciones que garanticen una vida digna.

Ante la proximidad de la llegada del invierno, los defensores y defensoras del pueblo advirtieron que, si las decisiones adoptadas se vieran reflejadas en las facturas que recibirán los usuarios, gran parte de las comunidades de las provincias patagónicas no tendrían los medios económicos para afrontar esos pagos, ya que muchas viven en la precariedad laboral o bien sus salarios no acompañan el ritmo de la inflación que estamos viviendo en nuestro país.

Si bien se llevaron a cabo audiencias públicas entre los meses de enero y febrero del corriente año y, en las mismas, los representantes de las Defensorías del Pueblo de todo el país brindaron los argumentos técnicos, jurídicos y también realizaron propuestas en torno a la readecuación de las tarifas solicitadas por las Empresas, no fueron debidamente tenidas en cuenta.

Del mismo modo, los aumentos previstos y la virtual arbitrariedad que surge de desconocer en los hechos las abrumadoras y coincidentes recomendaciones formuladas en las audiencias, aun admitiendo su carácter no vinculante, quiebran principios de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad que deben seguirse en materia de tarifas de servicios públicos.

No obstante, bajo la premisa de que el diálogo es el camino para la resolución de los conflictos, los integrantes de la Red Patagónica de Defensorías del Pueblo iniciarán las gestiones para que las autoridades nacionales atiendan estos reclamos en reunión presencial, en la que se pueda exponer detalladamente las particularidades que tiene la región en materia de servicios públicos y los motivos por los cuales se exige la revisión de las medidas tomadas.

Asimismo, las Defensorías del Pueblo Patagónicas evaluarán otras gestiones y acciones legales, si correspondieren, siempre con el objeto de que se atienda la realidad de vastos sectores de las poblaciones de esta región, incluso de sus pequeños comercios, micropymes y clubes barriales en comunidades vulnerables, que se verán fuertemente impactados por los incrementos proyectados.

El planteo de los defensores del pueblo es la responsabilidad del Estado de poner en el centro a los usuarios a diferencia de lo que se plantea en todo momento que es recomponer los ingresos de las empresas.