Empleado judicial de Viedma despedido por violencia de género

El Superior Tribunal aplicó la máxima sanción, en línea con su política de género institucional

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dispuso la cesantía de un agente judicial de Viedma tras comprobar su participación en varios episodios de violencia de género hacia su ex pareja. La decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos y en la política institucional de género adoptada por el STJ, que busca erradicar la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas.

La sanción se basó en tres episodios principales. El primero ocurrió en la costanera de Viedma, donde el agente agredió físicamente a su ex pareja, hasta que la intervención de testigos detuvo la violencia. Este hecho derivó en una causa penal. En un segundo episodio, el agente irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja y agredió a un hombre que se encontraba con ella. Por último, hostigó a la mujer mientras realizaba la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, enviándole mensajes intimidatorios y circulando cerca del edificio para amedrentarla.

Además de estos hechos, se destacó que el agente había intentado manipular a su ex pareja, afirmando a través de mensajes de WhatsApp que su denuncia no prosperaría debido a su posición dentro del sistema judicial. Estos elementos fueron considerados en el análisis del caso, junto con las pruebas y testimonios recogidos durante el proceso.

En su resolución, el STJ subrayó que la conducta del agente era incompatible con los valores de integridad y respeto que deben caracterizar a los funcionarios judiciales. "El decoro personal y el respeto por la dignidad del cargo son valores que deben preservarse, ya que están vinculados con el prestigio del sistema judicial y la confianza pública en su integridad", afirmó el tribunal.

El fallo también citó normativas internacionales como la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, señalando que el Estado tiene la obligación de erradicar la violencia de género y generar confianza en las instituciones que deben proteger a las víctimas. Además, el STJ destacó el carácter ejemplificador de la sanción, afirmando que la administración no puede mostrarse indiferente ante conductas reprochables de sus agentes.

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