La Cámara Civil de Roca confirmó una sentencia que obliga al Sindicato de Trabajadores Viales a devolver a una mujer de Villa Regina el valor actualizado del terreno que adquirió en 2006, en el marco de una serie de estafas relacionadas con promesas de viviendas en la provincia. La condena incluye también la actualización del precio del lote por inflación y el pago de intereses moratorios, debido al incumplimiento del contrato.

Entre los años 2006 y 2008, cientos de personas, principalmente de las ciudades de Roca y Villa Regina, fueron víctimas de un fraude relacionado con la compra de terrenos para la construcción de viviendas. En ese periodo, el Sindicato de Trabajadores Viales, presidido en ese entonces por uno de los condenados, promovió la venta de terrenos con la promesa de construcción de viviendas a través de un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV). Sin embargo, las casas nunca se construyeron, y muchos compradores quedaron sin su propiedad o la vivienda prometida.

Una de las afectadas, residente de Villa Regina, pagó en su momento 9.000 pesos de contado por un terreno, con la promesa de que, en un plazo de 36 meses, el Sindicato construiría una vivienda. En caso de no cumplirse con el acuerdo, el contrato especificaba que el Sindicato debía entregarle la escritura del terreno. Al vencer el plazo sin que se cumpliera la construcción, la mujer solicitó la devolución del lote, pero nunca recibió respuesta. Tras varios años de trámites y demandas, en 2016 quedó firme la condena penal contra el presidente del Sindicato de Trabajadores Viales, quien fue hallado culpable por las estafas que afectaron a 102 víctimas en Villa Regina.

El caso pasó entonces a la vía civil, donde la mujer demandó al Sindicato para recuperar el valor del terreno. A pesar de que las autoridades del Sindicato intentaron eximir de responsabilidad a la nueva gestión, alegando cuestiones formales y desconociendo la validez del contrato, la justicia resolvió a favor de la demandante. En 2023, la Cámara Civil de Roca ratificó la sentencia de primera instancia, que ya condenó al Sindicato a indemnizar a la mujer con el valor del terreno actualizado y con los intereses correspondientes.

El tribunal rechazó los argumentos presentados por la defensa del Sindicato, que intentó impugnar la validez del contrato y eximirse de responsabilidad por los hechos ocurridos durante la presidencia del condenado. De esta forma, la justicia dio lugar a la indemnización de la víctima, cuyos derechos fueron reconocidos tras años de reclamos y procesos judiciales.