El control de acusación de la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta vinculadas al Programa Federal de Viviendas “Techo Digno” en Sierra Grande fue retomado en Viedma, luego de sucesivas postergaciones solicitadas por las defensas. En esta instancia, el Ministerio Público volvió a presentar los hechos que atribuye a dos exintendentes y a exfuncionarios de distintas gestiones municipales.

La audiencia comenzó con un pedido de las defensas para declarar la incompetencia del fuero provincial y trasladar la causa al ámbito federal. La jueza interviniente rechazó esa solicitud y habilitó el inicio del debate sobre la prueba que será analizada en el futuro juicio oral. Con esa resolución, la Fiscalía expuso nuevamente los tramos centrales de la acusación.

El primer hecho investigado refiere al convenio suscripto en 2014 entre el entonces intendente Renzo Tamburrini y el Estado Nacional para construir 40 viviendas e infraestructura. El municipio había recibido el 92 % del financiamiento previsto, equivalente a más de 16 millones de pesos, con obligaciones específicas de certificación, control y rendición. Según la Fiscalía, durante 2015 se autorizaron y certificaron pagos por más de 12,8 millones de pesos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A. sobre la base de ocho certificados de obra que indicaban un avance del 71,03 %, cuando una auditoría posterior determinó que el progreso real alcanzaba el 42,21 %. El perjuicio económico estimado asciende a más de 793 millones de pesos actualizados a marzo de 2025.

La investigación también incluye un pago adicional de un millón de pesos correspondiente a otro certificado que consignaba un avance del 6,98 % en tareas de movimiento de suelos, asociado al convenio que financiaba infraestructura y nexos. En ambos casos, la acusación sostiene que las certificaciones no se ajustaban al estado real de las obras.

El segundo hecho atribuido corresponde al inicio de la gestión del intendente Adrián Iribarren. De acuerdo con la imputación, se ordenaron pagos a la misma empresa pese a que no se habían recibido nuevos desembolsos nacionales para el convenio de infraestructura. Para fundamentar esos pagos, se habrían utilizado certificados emitidos por el entonces secretario de área, Miguel Ángel Mesa, que atribuían un avance del 14,02 % en movimiento de suelos. Inspecciones técnicas realizadas en 2016 por el IPPV concluyeron que ese movimiento no había sido ejecutado y que solo se registraba el zanjeo para redes de agua y cloacas de 14 viviendas. El perjuicio económico actualizado en este tramo supera los 212 millones de pesos.

La calificación legal asignada por la Fiscalía para ambos hechos es defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso, atribuida a las personas imputadas en carácter de coautoras. Tras la exposición, se inició el análisis de la prueba ofrecida, que incluye más de 25 testigos. La continuidad del control de acusación fue fijada para el 29 de diciembre.

En paralelo, la causa contempla una resolución distinta para el titular de la empresa constructora, imputado como partícipe necesario. En su caso, se otorgó una suspensión de juicio a prueba al tratarse de un delito cuya pena prevista no supera los tres años. La medida no alcanza a quienes hayan ejercido funciones públicas al momento de los hechos.

El acuerdo establece como reparación la refacción del techo del cine teatro municipal de Sierra Grande, un espacio comunitario de aproximadamente 600 metros cuadrados. El empresario, también ingeniero, asumió el compromiso de dirigir y ejecutar la obra, cuya inversión estimada asciende a 40 millones de pesos. La propuesta fue presentada en una audiencia en septiembre y contó con la presencia de la actual intendenta, quien informó haber participado en reuniones previas para coordinar la intervención y resaltó la relevancia del edificio para diversas actividades locales.

La suspensión de juicio a prueba, otorgada el 1 de octubre, incluye además la fijación de domicilio del imputado, supervisión de pautas por parte de la Oficina Judicial y seguimiento de la obra por parte del municipio.