La Defensoría del Pueblo cuestionó el control letal de pumas y zorros en la Patagonia

Un informe advierte que la caza con recompensas no reduce de manera sostenida las pérdidas ganaderas y genera impactos negativos sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

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La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe en el que cuestiona las políticas de control letal de carnívoros nativos, como pumas y zorros, implementadas en distintas regiones de la Patagonia. El organismo alertó que estas prácticas resultan ineficaces para disminuir las pérdidas ganaderas y generan consecuencias negativas sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

Según el documento, los sistemas de caza con recompensa y otras formas de eliminación indiscriminada no logran resolver el conflicto productivo de manera sostenida. Por el contrario, la Defensoría advirtió que la reducción desordenada de depredadores puede agravar la situación al alterar la estructura poblacional de las especies y modificar los equilibrios ecológicos.

El informe señala además que estas medidas carecen, en muchos casos, de evaluaciones de impacto ambiental y de un sustento técnico basado en estudios poblacionales. La evidencia científica relevada indica que la eliminación letal no garantiza una disminución permanente de los ataques al ganado y puede generar efectos contraproducentes a mediano y largo plazo.

El relevamiento realizado por la Defensoría incluyó a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí se identificaron escenarios diversos: mientras algunas jurisdicciones continúan aplicando incentivos económicos para la caza de fauna silvestre, otras avanzan hacia enfoques integrales que priorizan estrategias preventivas y no letales.

Entre las alternativas mencionadas se destacan el uso de perros protectores de ganado, el manejo planificado de los rodeos y otras prácticas orientadas a la prevención de conflictos entre la producción ganadera y la fauna nativa.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la Nación instó a reorientar las políticas públicas hacia modelos de manejo responsable basados en evidencia científica. El organismo remarcó la necesidad de compatibilizar la actividad productiva con la conservación de la fauna silvestre y de garantizar el derecho a un ambiente sano, consagrado en la Constitución Nacional.

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