.jpg)
El Gobierno nacional se prepara para convocar este viernes a una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios de la administración pública, en un contexto marcado por la discusión salarial de fin de año. La propuesta oficial incluiría un incremento del 2% para el mes de diciembre y el pago de un bono por única vez de $50.000.
A partir de esta convocatoria inminente, comenzaron a expresarse distintas posiciones dentro del arco sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la política salarial aplicada durante los últimos dos años y advirtió sobre el impacto que tendría una aceptación de la oferta en los ingresos del personal estatal.
El dirigente sostuvo que, en su evaluación, los acuerdos salariales alcanzados desde el inicio de la actual gestión se ubicaron de manera sistemática por debajo de la inflación. En ese sentido, señaló que la aceptación de incrementos de estas características por parte de otros gremios del sector, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), contribuye a consolidar la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores del Estado.
Según planteó Aguiar, la situación salarial actual derivó en que una proporción significativa del personal estatal se encuentre por debajo de la línea de pobreza, en un escenario donde el pluriempleo se volvió una práctica frecuente dentro de la administración pública. El dirigente vinculó esta realidad con el nivel de la Canasta Básica Total, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se ubicó en $1.257.329 hacia el cierre del año.
Desde ATE también se advirtió sobre la salida de personal calificado del Estado, fenómeno que el gremio asocia con la evolución de los salarios reales. En ese marco, Aguiar afirmó que una nueva pauta salarial por debajo de la inflación podría derivar en mayores niveles de conflictividad, responsabilidad que atribuyó tanto al Gobierno nacional como a las conducciones sindicales que avalen el acuerdo.
En cuanto a las demandas concretas, el sindicato planteó la necesidad de establecer un ingreso mínimo de $2.000.000 para el sector y la incorporación de una suma fija de $400.000 al salario, de carácter permanente. Desde la organización gremial sostienen que estas medidas permitirían iniciar un proceso de recuperación gradual del poder adquisitivo.
De acuerdo con el relevamiento realizado por este medio, desde la asunción del presidente Javier Milei las paritarias del sector público registraron una pérdida acumulada del poder de compra superior al 42%. El último antecedente fue el mes de noviembre, cuando el aumento salarial fue del 1,1%, frente a un Índice de Precios al Consumidor del 2,5%, según cifras oficiales.
La convocatoria prevista para este viernes será clave para definir el cierre salarial del año en la administración pública nacional y anticipa un escenario de debate intenso entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
24 diciembre 2025
Gremiales