El gremio docente UNTER manifestó su preocupación por el registro de cargos bajo la modalidad de horas cátedra que, según advirtió, no se corresponden con funciones pedagógicas ni con tareas propias del trabajo en las aulas, en un contexto donde además se confirmó el pago de una compensación extraordinaria de $125.000 para agentes estatales que perciben bajo ese esquema y no pertenecen al Ministerio de Educación.

A través de un pronunciamiento público difundido el 22 de febrero, desde UNTER señalaron que detectaron la existencia de cargos liquidados como horas cátedra que no estarían vinculados a funciones docentes. Según indicaron, esta situación implicaría la utilización de partidas presupuestarias destinadas al sistema educativo para fines distintos a los previstos originalmente.

El sindicato planteó que las horas cátedra constituyen financiamiento educativo específico, destinado a sostener puestos de trabajo docente, garantizar el desarrollo curricular y asegurar el funcionamiento pedagógico de las instituciones escolares. En ese sentido, advirtió que cualquier uso por fuera de ese marco impacta en la organización del sistema y en la asignación de recursos.

La organización también vinculó esta situación con la reciente inclusión de personas que perciben haberes bajo esa modalidad en el cobro del bono extraordinario dispuesto por el Gobierno de Río Negro para un sector de trabajadoras y trabajadores estatales. Para UNTER, este dato expone la pertenencia administrativa de esos cargos y abre interrogantes sobre los criterios utilizados para su encuadre y liquidación.

En el documento, el gremio sostuvo que mientras se mantiene este esquema, continúa pendiente una recomposición salarial para el conjunto de la docencia, en un escenario que —según señalaron— repercute en el poder adquisitivo de quienes trabajan en el sistema educativo provincial.

Por último, UNTER solicitó al Estado provincial explicaciones sobre los criterios aplicados para el registro de esos cargos, el origen y destino de las partidas presupuestarias involucradas, la inclusión en el pago del bono extraordinario y las responsabilidades administrativas correspondientes. Asimismo, reclamó el cese de estas prácticas, mayor claridad en la administración de los recursos públicos y una recomposición salarial para las y los trabajadores de la educación, al tiempo que remarcó que la defensa de la escuela pública incluye la transparencia en el uso del presupuesto educativo.