La Justicia de Viedma realizó este martes la audiencia de cesura para determinar la pena que deberá cumplir Yusthiel Huinca, declarado culpable por el disparo que el 4 de julio de 2023 impactó en el pecho de Jonathan Caracciolo, quien recibió una bala perdida cuando había salido a comprar pan. La Fiscalía solicitó 8 años de prisión efectiva, mientras que la defensa requirió una condena de 3 años y 6 meses.

El debate se desarrolló ante el Tribunal de Juicio que intervino en el caso y comenzó con la declaración de cinco testigos propuestos por las partes. Por el Ministerio Público Fiscal declararon la pareja de la víctima y dos de sus hijos, quienes lo consideraban una figura paterna. Por la defensa comparecieron la pareja del imputado y una profesional de Trabajo Social que trabajó con su grupo familiar.

Durante su alegato, el fiscal describió las circunstancias del hecho juzgado y repasó los testimonios brindados en el juicio de responsabilidad, donde distintos testigos señalaron haber visto al imputado efectuar disparos en el marco de un tiroteo. Según expuso, el episodio ocurrió en una zona densamente poblada, lo que implicó riesgo para niños, niñas, familias y otras personas que se encontraban en el lugar.

El representante de la acusación sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y remarcó que el impacto social del hecho quedó reflejado en los testimonios. También hizo referencia a que algunos testigos manifestaron temor al momento de declarar, al punto de solicitar hacerlo sin la presencia del acusado.

En cuanto a los antecedentes, el fiscal indicó que Huinca se encuentra cumpliendo una pena por hechos cometidos cuando era menor de edad. Aclaró que esos antecedentes no pueden ser considerados formalmente como tales, pero señaló que evidencian la existencia de conflictos previos. Como atenuante, reconoció que se trata de un homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, aunque afirmó que ello no elimina la gravedad de haber portado y utilizado un arma de guerra sin autorización legal.

En función de esos argumentos, la Fiscalía solicitó la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio culposo en concurso con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. El abogado querellante adhirió en todos sus términos a lo planteado por el acusador público.

Por su parte, la defensa pública cuestionó el encuadre del alegato fiscal al considerar que fue estructurado como si se tratara de un homicidio doloso, cuando la figura por la que fue declarado culpable el imputado es imprudente y negligente. Señaló que los parámetros utilizados para pedir la pena no se corresponden con los previstos legalmente y advirtió que el monto requerido por la Fiscalía coincide con el mínimo establecido para un homicidio simple.

Los defensores también plantearon que no deben valorarse los hechos cometidos por Huinca cuando era menor de edad, ya que el régimen penal juvenil impide su utilización como antecedentes en un proceso de adultos. “En este juicio el imputado debe ser considerado autor primario”, sostuvieron.

Asimismo, cuestionaron que se tome como agravante el supuesto miedo social, al señalar que ese aspecto no formó parte del hecho atribuido ni fue probado como elemento autónomo en el debate. En su exposición, remarcaron la ausencia de dolo, el arraigo familiar del acusado y el rol que cumple dentro de su entorno, elementos que —según afirmaron— surgieron de los testimonios escuchados en la audiencia.

La defensa pidió finalmente que se imponga una pena de 3 años y 6 meses de prisión y que se unifique con la condena que el imputado actualmente cumple. Concluida la audiencia de cesura, el Tribunal anunció que la sentencia se dará a conocer la próxima semana, cuando se definirá el monto de la pena para quien fue hallado responsable del disparo que terminó con la vida de Jonathan Caracciolo.