Un nuevo planteo político volvió a poner en agenda la situación salarial del sector docente, con un pedido formal para que la Cámara de Diputados de la Nación trate y apruebe la ley de Fortalecimiento Salarial Educativo, que propone declarar la emergencia por cinco años.

La iniciativa fue impulsada por el bloque Vamos con Todos a través de un proyecto de comunicación presentado por su presidente, José Luis Berros, quien solicitó el tratamiento urgente del expediente nacional N° 7383-D-2025. La propuesta legislativa fue elaborada, entre otros, por el ex ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, el diputado rionegrino Marcelo Mango, Natalia de la Sota y otros legisladores de distintas bancadas.

El proyecto plantea declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria de gestión estatal —en los niveles inicial (últimos dos años), primario y secundario— en todo el país por el plazo de cinco años a partir del 1° de marzo de 2026. Según los fundamentos expuestos, la medida busca atender el deterioro del poder adquisitivo del sector.

Berros argumentó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el derecho social a la educación y de asegurar condiciones salariales adecuadas para el personal docente. En ese marco, mencionó indicadores que, según señaló, evidencian la situación del sector, entre ellos una pérdida del 19% del poder adquisitivo del salario docente promedio ponderado nacional entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la reducción del gasto educativo consolidado en relación al PBI y el incremento de conflictos laborales que impactan en el inicio de los ciclos lectivos en distintas jurisdicciones.

El legislador también cuestionó decisiones del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Entre los puntos mencionados se encuentran la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la interrupción de la paritaria nacional docente, la fijación unilateral del salario mínimo, la quita de subsidios al transporte y la discontinuidad de programas socioeducativos. Según expresó, estas medidas implican un retiro del Estado nacional del financiamiento educativo.

La propuesta de Fortalecimiento Salarial Educativo establece que los recursos provendrían del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sin crear nuevos impuestos ni modificar el esquema de coparticipación federal. Entre los instrumentos previstos se incluye un Complemento Federal salarial uniforme para personal docente, directivo y no docente de la educación obligatoria estatal; una Compensación Federal adicional para quienes trabajen en establecimientos de alta vulnerabilidad; y una asignación extraordinaria destinada a infraestructura escolar y educación técnico-profesional.

Desde el bloque impulsor señalaron que el proyecto no modifica competencias provinciales ni los regímenes escalafonarios, sino que apunta a reafirmar el rol de cofinanciamiento del Estado nacional, en línea con la Ley de Educación Nacional N° 26.206. También indicaron que las provincias deberán adherir sin reservas y sostener sus niveles de inversión educativa para acceder a los fondos.

Por su parte, Mango sostuvo que el deterioro del salario docente pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo y planteó la necesidad de que el Estado nacional retome un rol activo en el financiamiento del área. En la misma línea, Berros advirtió que la discusión excede lo presupuestario y la vinculó con la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país.