El acampe que integrantes del Consejo de Bienestar Policial mantienen frente a la Casa de Gobierno en Viedma sumó en las últimas horas un nuevo cruce político en torno a la representación del reclamo. Mientras la protesta sostiene el pedido de recomposición salarial y la apertura de un canal de diálogo con el Ejecutivo provincial, desde el oficialismo legislativo plantearon reparos sobre quienes encabezan la medida.

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, afirmó que el Gobierno provincial continuará conversando con personal retirado de la Policía, pero descartó reconocer como interlocutores a quienes —según sostuvo— no pertenecen a la fuerza. “Con el tema retirados, vamos a seguir hablando pero 'con los retirados', no vamos a hablar con aquellos que no son o que no pertenecen a la fuerza policial”, expresó.

En ese marco, el legislador se refirió a Rubén Muñoz, uno de los voceros del acampe instalado en la plaza Plaza San Martín, y aseguró que no forma parte de la institución policial. Según indicó López, Muñoz fue exonerado de la fuerza, por lo que consideró que no representa a quienes integran el sector de retirados.

Durante sus declaraciones, el titular del bloque oficialista también vinculó al referente del reclamo con dirigentes políticos de la oposición provincial. Entre otros puntos, mencionó su presencia en actividades del Concejo Deliberante de General Roca y en la apertura de sesiones encabezada por la intendenta María Emilia Soria, además de su participación en campañas electorales de referentes de ese espacio.

López sostuvo además que el Ejecutivo provincial mantiene una postura de diálogo con el sector de retirados y recordó decisiones adoptadas en relación con su situación. En ese sentido, señaló que se reconocieron derechos que no estaban contemplados por ley y se realizó el pago de un reconocimiento histórico para el sector.

El legislador también se refirió a la política salarial aplicada a la fuerza policial y señaló que, además del aumento otorgado al personal activo, se dispuso un adicional del 1,5 por ciento diferenciado respecto del resto de los empleados públicos. Según indicó, la posición del gobierno encabezado por Alberto Weretilneck es continuar con instancias de diálogo.

El acampe frente a la sede del Ejecutivo provincial comenzó semanas atrás impulsado por el Consejo de Bienestar Policial. Desde el espacio reclaman una recomposición salarial y plantean como objetivo alcanzar un salario mínimo de 1.800.000 pesos para el personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, mientras la protesta permanece instalada en el centro de Viedma.