Por Lautaro Caballeri (*)

El 24 de marzo de 1976 se consumó en la República Argentina un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional y dio inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, instaurando un régimen cívico-militar que desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado. A cincuenta años de aquel quiebre institucional, la memoria democrática de nuestro pueblo reconoce ese período como el más oscuro y trágico de la historia contemporánea argentina.

La destitución del gobierno constitucional encabezado por la entonces Presidenta de la Nación, Isabel Perón, no fue un hecho aislado ni un mero reemplazo de autoridades. Fue el inicio de un sistema represivo planificado desde el aparato estatal, ejecutado por la Junta Militar integrada inicialmente por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, y acompañado por sectores civiles que facilitaron y legitimaron su accionar.

 Bajo la lógica de la “lucha contra la subversión”, el régimen desplegó un dispositivo clandestino de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada de personas. La desaparición forzada —figura que luego sería incorporada al derecho internacional como crimen de lesa humanidad— implicó no solo la eliminación física de miles de ciudadanos y ciudadanas, sino también la negación deliberada de su existencia jurídica, el ocultamiento de sus cuerpos y la producción de un sufrimiento prolongado en sus familias.

El terrorismo de Estado operó mediante una red de centros clandestinos de detención distribuidos a lo largo del territorio nacional. En esos espacios se aplicaron tormentos físicos y psicológicos, se ejecutaron fusilamientos ilegales y se organizaron mecanismos sistemáticos de apropiación de niños nacidos en cautiverio. Se trató de un plan coordinado, con estructura jerárquica y objetivos políticos definidos: disciplinar a la sociedad, eliminar la militancia política y sindical, y reconfigurar el modelo económico y social del país.

Las cifras aún conmueven: miles de personas desaparecidas, asesinadas o forzadas al exilio; generaciones enteras atravesadas por el miedo; la libertad de expresión anulada; el Congreso disuelto; los partidos políticos prohibidos; los sindicatos intervenidos; las universidades perseguidas; la cultura silenciada.

Pero además de la dimensión represiva, el golpe de Estado tuvo un correlato económico estructural. Se implementó un modelo que favoreció la especulación financiera, promovió la desindustrialización, profundizó la concentración de la riqueza y consolidó un endeudamiento externo cuyas consecuencias condicionaron el desarrollo argentino durante décadas. El terrorismo de Estado no fue solamente un fenómeno militar: fue un proyecto político, económico y social impuesto mediante el terror.

Frente a esa maquinaria represiva, emergió una de las expresiones más valientes y trascendentes de la historia argentina: la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo.

En un contexto de censura absoluta y riesgo permanente, un grupo de mujeres decidió romper el silencio impuesto por la dictadura. Las Madres comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo exigiendo la aparición con vida de sus hijos e hijas desaparecidos. Su persistencia transformó el dolor en acción política y convirtió su reclamo en bandera universal de derechos humanos.

Las Abuelas, por su parte, emprendieron la búsqueda incansable de sus nietos y nietas apropiados ilegalmente. Gracias a su lucha, la Argentina desarrolló herramientas científicas y jurídicas pioneras a nivel mundial para la restitución de identidad. Cada nieto recuperado representa no sólo un acto de justicia individual, sino la derrota del plan sistemático de apropiación.

La acción de estos organismos —junto a familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales— permitió sostener la memoria en los años más oscuros y sentó las bases para los procesos de verdad y justicia que se consolidarían con el retorno de la democracia.

El 10 de diciembre de 1983, con la asunción del Presidente Raúl Alfonsín, se inició un camino inédito en América Latina: el juzgamiento de los responsables de la dictadura por tribunales civiles. La creación de la CONADEP y el histórico Juicio a las Juntas marcaron un precedente internacional en materia de justicia transicional. A pesar de las interrupciones y retrocesos posteriores, el consenso democrático argentino terminó consolidando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la reapertura de los juicios.

En el proceso de reconstrucción democrática y consolidación institucional de nuestro país, resulta imprescindible destacar el punto de inflexión que significó, a partir del año 2003, la decisión política de transformar la agenda de derechos humanos en una verdadera política de Estado.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado argentino asumió un compromiso histórico con la memoria, la verdad y la justicia, impulsando la nulidad de las leyes de impunidad y promoviendo la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. La declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, posteriormente convalidadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió que la Argentina se convirtiera en un ejemplo internacional en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

En ese mismo sentido, la decisión de ordenar la descolocación de los cuadros de los dictadores en el Colegio Militar de la Nación no constituyó un gesto simbólico aislado, sino la expresión concreta de una redefinición del vínculo entre las Fuerzas Armadas y el orden constitucional democrático. Fue la reafirmación de que nunca más el aparato estatal sería utilizado para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer a su propio pueblo.

Asimismo, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner se profundizó esta política, consolidando el acompañamiento institucional a los procesos judiciales, ampliando los espacios de memoria en todo el territorio nacional y fortaleciendo los organismos de derechos humanos como interlocutores legítimos del Estado democrático. La señalización y recuperación de ex centros clandestinos de detención como espacios de memoria, entre ellos la ESMA, constituyó un acto de reparación histórica y de pedagogía democrática para las nuevas generaciones.

Estas políticas no fueron acciones aisladas ni meramente conmemorativas; representaron la asunción de una responsabilidad histórica por parte del Estado argentino y la consolidación de un consenso democrático transversal: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, inamnistiables y deben ser juzgados.

A cincuenta años del golpe, el deber institucional no es meramente recordar. Es afirmar con claridad que el terrorismo de Estado constituye un límite moral y jurídico infranqueable para nuestra comunidad política. No existe circunstancia económica, conflicto social ni crisis institucional que pueda justificar la supresión del orden constitucional y la violación sistemática de los derechos humanos.

Este aniversario interpela especialmente a las generaciones que no vivieron la dictadura. La transmisión de la memoria no es un acto de anclaje en el pasado, sino una herramienta para fortalecer la democracia presente y futura. La vigencia irrestricta de los derechos humanos, el respeto por la pluralidad política y la resolución pacífica de los conflictos son conquistas que deben ser defendidas de manera permanente.

Recordar el golpe de Estado de 1976 es reafirmar que NUNCA MÁS el Estado puede convertirse en verdugo de su propio pueblo. Es sostener que la democracia —con sus tensiones y desafíos— es el único marco legítimo para la convivencia social. Es reconocer que la memoria, la verdad y la justicia no son consignas partidarias, sino pilares del pacto democrático argentino.

(*) Militante de Nuevo Encuentro - DNI 36.849.940