El proceso de regularización del servicio eléctrico comenzó a concretarse en el barrio Esperanza de Viedma, donde unas 330 familias serán incorporadas formalmente al sistema, tras años de reclamos vinculados a la precariedad en el acceso a la energía. La iniciativa contempla la instalación sin costo de pilares eléctricos y forma parte de una intervención que busca garantizar condiciones más seguras en el suministro.

La medida se enmarca en el Programa de Acceso a la Seguridad Eléctrica, impulsado por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro junto a la empresa EDERSA, con participación del Municipio de Viedma y el acompañamiento de organizaciones sociales y vecinos. El barrio Esperanza será el primer sector de la ciudad alcanzado por esta política, que prevé extenderse de manera gradual a otros sectores.

La implementación del programa representa un cambio en las condiciones de acceso a un servicio considerado básico, en un sector donde durante años predominó la informalidad en las conexiones. La regularización apunta a mejorar la seguridad eléctrica, reducir riesgos y garantizar un acceso más estable para las familias.

Desde organizaciones sociales que acompañaron el proceso destacaron que el avance es resultado de gestiones sostenidas, reclamos vecinales y trabajo articulado entre distintos actores. Señalaron que la experiencia evidencia la incidencia de la organización comunitaria en la resolución de demandas vinculadas a derechos básicos.

En ese marco, la concejala Lorena Alan planteó que la situación pone en discusión el rol de las políticas públicas frente a necesidades estructurales. “En la Argentina actual, donde el Gobierno de Javier Milei impulsa una mirada que pretende dejar cuestiones centrales libradas al mercado, esta experiencia demuestra que la realidad exige otra respuesta. Hay familias, niños, adultos mayores y trabajadores que necesitan soluciones concretas”, expresó.

La edil agregó que el acceso a la electricidad “no es un lujo ni una mercancía más”, y remarcó su carácter de servicio esencial para la vida cotidiana. En ese sentido, sostuvo que se trata de una herramienta necesaria para actividades como la conservación de alimentos, la calefacción, el estudio y el cuidado de la salud.

Desde los espacios comunitarios también advirtieron que los barrios populares requieren intervenciones sostenidas y no soluciones individuales, al tiempo que plantearon la necesidad de continuar con obras y servicios en otros sectores de la ciudad. En esa línea, señalaron que el acceso a un hábitat digno forma parte de los derechos que deben ser garantizados mediante políticas públicas.